“Hay un vacío importante en la parte administrativa de las instituciones y en la Justicia”

VIOLENCIA DE GÉNERO 15 de marzo de 2021 Por redaccion
El director del Servicio Penitenciario Provincial dio detalles sobre los procedimientos seguidos por la institución ante el caso de un agente acusado y ahora procesado y detenido por violencia de género, en una causa iniciada por quien era su pareja y también integrante del servicio. Hay otras 55 denuncias por cuestiones de género en la fuerza.
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El director del Servicio Penitenciario Provincial, comisario general Juan José Pedroza, dio detalles sobre los procedimientos llevados adelante por la institución en el caso del agente Oscar Bordón, denunciado por su ex pareja –también agente de la fuerza- por violencia de género y por violar dos veces la restricción perimetral.

En diálogo con Radio Provincia, el funcionario policial atribuyó a la Justicia chaqueña demoras en el envío de los informes necesarios para tomar decisiones administrativas con respecto al acusado. “Se hace con todas las causas judiciales. El Servicio Penitenciario, en marzo y en septiembre, por acordada con la Justicia, pide las resoluciones judiciales de todas las causas, de todas las jurisdicciones, para ver los avances, retroceso o archivo de las mismas”, expuso.

En el caso del agente Bordón, desde la primera denuncia en 2017, esos informes sólo daban cuenta de lo que administrativamente se hizo “en cuanto a tomar declaraciones y presentar pruebas documentales. Tanto la parte demandante como la defensa habían planteado cuestiones que estaban en Casación”, según reveló el director del SPP.

Al repasar el caso, Pedroza recordó que involucra a dos efectivos del Servicio: una mujer que denunció violencia de género, con dos restricciones de acercamiento que la víctima denunció que fueron violentadas; y un hombre, Oscar Eduardo Bordón.

En ese orden, la notificación de la detención fue recibida por las autoridades del Servicio el pasado sábado, según reveló Pedroza, quien precisó que se trata de “una denuncia por amenaza con armas en una causa de 2017, por violación a la restricción perimetral”.

Según le informó la Fiscalía N° 11 hoy por la mañana, el denunciado se presentó en ese lugar para quedar a disposición de la Justicia. “Quedó detenido, se le tomó declaración y posteriormente sería alojado en la comisaría de Puerto Vilelas”, puntualizó el director.

 

Los procedimientos y la actuación judicial
 

Pedroza explicó que, al momento de presentarse la primera denuncia en el caso, en 2017, no estaba al frente de la institución, ya que su llegada a la titularidad se produjo recién en 2019.

“La anterior gestión hizo actuaciones administrativas y llegó hasta pedir una constancia judicial (sobre la situación procesal del acusado) para seguir en el proceso administrativo. Esa constancia nunca llegó desde la Justicia. En 2019, por una denuncia de violación a la restricción perimetral, volvimos a pedir a la Justicia la constancia para seguir el proceso y la causa de información sumaria pasó a ser sumario administrativo”, repasó.

En esa cronología, indicó: “La constancia judicial llegó el 8 de marzo de este año y se tomó la intervención a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros”. Por eso, explicó que, ante la segunda violación de la restricción perimetral, fue requerida la detención del acusado.

Con respecto a los informes requeridos a la Justicia, el director dijo que, con constancia en el expediente, se requirió uno en 2018 y luego en 2019 y en 2020 “cuando la causa estaba en Casación del STJ, y faltaba que se expidieran con respecto a planteos de la defensa y de la parte demandante”. “La sala resolvió el 8 de marzo de este año esa cuestión administrativa. Con esa resolución quedó firme el procesamiento de Bordón en la causa”, resaltó. Por eso, administrativamente, el SPP debió disponer el pase del agente a “situación pasiva por delito”. En esa condición estará hasta que se produzca el juicio y se conozca la sentencia, cuando recién eventualmente podrá ser dado de baja de la fuerza.

Asimismo, el director confirmó que, hasta el momento de confirmarse el procesamiento, el agente había sido trasladado a la alcaidía de General San Martín. En cuanto a la víctima, dijo que “optó por la asistencia privada”.

Además, marcó que hasta noviembre de 2020 no había en la institución un área especializada en temáticas de violencia de género. Y confirmó que la agente está con licencia “por razones psicológicas”. “Todavía nuestra legislación está por aprobarse y en las reglamentaciones están previstas las cuestiones de género”, indicó.

 

Género: trabajo en protocolos y abordaje
 

En otro punto, Pedroza reveló que, en 2019, el SPP comenzó a trabajar en un protocolo de actuación ante este tipo de casos de violencia, ya que antes, este tipo de denuncias se canalizaban a través de la Comisaría de la Mujer de la policía provincial.

“En esta gestión, el gobernador, la ministra Gloria Zalazar y la secretaria de Derechos Humanos, entendieron que era momento de que el Servicio Penitenciario tuviera su oficina de género. Fue aprobada por resolución en 2020, y comenzamos a trabajar en políticas de género. Se hacen abordajes interdisciplinarios, con acompañamiento psicosocial como de letrados a las víctimas. Ahora también nos pidieron trabajar con el victimario, con un proceso de intervención interdisciplinaria dentro de la institución”, expuso.

A la vez, reveló que la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, facilitó al SPP la inscripción sin límite de cupos para que el personal penitenciario cumpla con los términos de la Ley Micaela y se capacite.

“Nuestros equipos interdisciplinarios están trabajando con organismos y organizaciones sociales que hace tiempo tienen una tarea en cuanto a violencia de género”, destacó.

 

55 denuncias
 

Según un informe remitido por el SPP a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, a la fecha hay 55 denuncias de casos de violencia de género que involucran a integrantes de la institución. “Todos están en un proceso judicial que no nos informan si resolvieron o avanzaron”, advirtió.

Todo ese listado de casos fue enviado al Ministerio de Seguridad de la Provincia y a la Secretaría de Derechos Humanos. “Quedamos en tener una reunión con las mesas de otros poderes para ver cómo abordamos esta problemática que viene en crecimiento”, marcó.

Además, según “un estudio” y seguimiento que la fuerza penitenciaria hace sobre esas denuncias, en un 45% de los casos las denunciantes están nuevamente conviviendo con los denunciados. “Legalmente no sabemos si dieron aviso a la Justicia, lo que denota un vacío importante que hay que trabajar en la parte administrativa de las instituciones y de la Justicia en cuanto a procedimientos”, concluyó.

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