Transferencia de autos oficiales: habrían usado un decreto para cometer el delito

Un instrumento legal que habilitaba la venta de muebles en desuso habría sido adulterado para montar una maniobra delictiva.

POLICIALES 29 de junio de 2021 redacción redacción
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No declaró la secretaria general de la Gobernación Noelia Canteros porque el fiscal Roberto Villalba esperaba algunos informes. Pero se da por descontado que la funcionaria lo haga esta semana, como también el director general de Gestión de Bienes, Eugenio Barrios.

El fiscal número 6 está a cargo desde el comienzo de la causa que surgió por un hallazgo de una persona, el 5 de mayo, en una situación irregular de una moto que había pertenecido a la Policía del Chaco.

Pero por el volumen de sucesos, ya que al menos se habrían transferido de manera ilegal 254 vehículos del Estado, seguramente la pesquisa podría quedar en manos en poco tiempo en el Equipo Especial que integran Graciela Griffith Barreto y Francisco de Obaldía Eyseric.

NORTE pudo confirmar con fuentes de la investigación que la génesis de la maniobra delictiva montada en la administración pública habría sido el uso de un decreto que habilitaba la venta de muebles en desuso.

Con ese instrumento legal, se puso en marcha la maquinaria de una extrema gravedad institucional, el que una vez adulterado se habría volcado datos en el mismo, que supuestamente autorizaba a la transferencia de los rodados.

La pregunta del fiscal y sabuesos es dónde fue a parar el dinero que se obtuvo de entrega de los autos y sus documentaciones truchas. Este diario ya informó en ediciones anteriores que la ubicación de los autos oficiales fueron en el Chaco y Corrientes.

La operatoria también fue descubierta por el director del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Víctor Adrián Veleff, quien recurrió a la Justicia federal por adulteración de documentación pública.
Lo concreto es que en la esfera ordinaria se tiene identificadas a dos personas que serían parte de la estructura que se diseñó para la comisión del delito fraude contra el Estado.
En declaraciones a Radio Nordeste, el fiscal Villalba explicó: ‘Después de una auditoría determinaron que sería una cantidad de vehículos de aproximadamente 254‘.

‘Una persona se había comunicado con la Dirección de Gestión de Bienes para pedir que le transfieran una motocicleta que tenía en su poder. Una vez con los papeles y los datos constatados, determinaron que el rodado seguía perteneciendo a la Jefatura de Policía‘, apuntó, por lo que debía estar en el depósito del Estado provincial en Barranqueras.

Ese mismo día, detalló el fiscal, constataron que una camioneta que había participado en un accidente debía también estar guardada en dicho depósito. Este vehículo había sido dado de baja e ido a Rezagos en 2015, según confirmó Villalba.

Es así que, tras una auditoría, determinaron que los vehículos habían ‘desaparecido de alguna manera por alguna venta irregular, no respetando las normas vigentes en cuanto a la ley administrativa financiera‘, sostuvo además el letrado. La normativa establece que los rodados en desuso deben venderse en remates públicos realizados por parte del Estado provincial.

NORTE pudo confirmar que en la semana se podrían producir medidas a fin de dar con algunos vehículos que fueron transferidos sin subasta pública.

FUENTE DIARIO NORTE 

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