Compra de terrenos y denuncia de estafa

POLICIALES- JUDICIALES 30 de agosto de 2021 Por redaccion
Compra de terrenos y denuncia de estafa: la justicia rechazó el sobreseimiento de Graciela Aranda
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FOTO ARCHIVO MASCONTENIDOS.NET

En 2017, la secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, Graciela Aranda, fue denunciada penalmente en la Fiscalía N°1 por unas 20 familias que la acusaron a ella, a su par de Sáenz Peña Miguel Ramos y a Eduardo Vargas, empleado bancario, por “estafa”. Según detallaron, los denunciantes accedieron a la compra de terrenos en donde se iba a realizar un barrio judicial, algo que jamás ocurrió.

Los terrenos fueron ofrecidos y pagados por los interesados sobre finales del año 2014 y principios del 2015, pero algunos otros fueron vendidos sobre finales del año 2015 y hasta incluso en 2017, en virtud de que algunos postulantes se bajaron de la operatoria. Sin embrago, según consta en la denuncia, “jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo”.

La denuncia indica que tanto Ramos como Vargas, el primero como representante del Sindicato en términos formales, y el segundo como la persona que recibía y contaba el dinero, instruían sobre la operatoria en las charlas habituales que se daban, a las cuales “todos concurrían con mucho entusiasmo dado la posibilidad que se estaba presentando de adquirir una vivienda a través del IPDUV, sabiendo de antemano que este organismo provincial viabiliza con muchas facilidades económicas el acceso a la vivienda, además, en los terrenos que cada uno había adquirido, los que fueron cancelados por cada postulante en su totalidad”.

 
  


Además, en el escrito judicial se menciona que ambos no actuaron solos. “Lo hicieron bajo el manto del sello del SEJCH, presidido por Graciela Aranda, y la intervención de esta resulta muy clara cuando los denunciantes tomaron conocimiento que la entidad que compra los terrenos es una “Fundación Movimiento Obrero Solidario”, que es presidida por la denunciada Aranda en carácter de Presidente de la misma”.

 

“Engañaron a cien personas, mintiéndoles sobre la aprobación del barrio y el comienzo inminente de la obra que tenía fecha supuestamente para los primeros meses del año 2015 (jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo) sin embargo, para convencer mintieron sobre este punto indicando fecha de inicio de las obras. Obtuvieron una importante cantidad de dinero en representación del SEJCH, y ofreciendo un inmueble que en definitiva nunca fue propiedad del SEJCH ni tampoco fue adquirido por la entidad y mucho menos por los postulantes, lo que significa lisa y llanamente una operatoria sobre bienes ajenos. Por otro lado, no se sabe el destino de los fondos, aun cuando todo indica el beneficio personal”, precisa la denuncia.

CUATRO AÑOS DESPUÉS DE LA DENUNCIA


Este año, a cuatro de la denuncia, el fiscal de Investigación Penal N° 1 de Sáenz Peña, Cristian Arana, pidió el sobreseimiento de los tres imputados en este caso argumentando -entre otros puntos- “que no se encuentra controvertida la existencia de Convenios de Reserva de Adjudicación con los denunciantes y la consecuente entrega de sumas de dinero de su parte, no obstante resulta imposible afirmar que la operatoria revista de los caracteres típicos”.

“La mera percepción del dinero en virtud del convenio privado celebrado no resulta por sí sola suficiente para que la conducta de los nombrados sea subsumida bajo la figura de estafa y asociación ilícita”, indicó Arana y agregó: “Es que en la estafa es necesario que el autor del delito, mediante la introducción de un ardid idóneo, haga incurrir a otro en error, quien de ese modo, efectúa una disposición patrimonial que le ocasiona un perjuicio también de contenido patrimonial”.

“El accionar de los encartados no constituyó un ardid idóneo que hubiera inducido a los denunciantes para que efectuaren la disposición patrimonial que los habría perjudicado”, concluye el pedido del fiscal.

Finalmente, el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña, a cargo de Mariana Benítez, se opuso al pedido de sobreseimiento de los tres denunciados y el expediente fue remitido a la Cámara Criminal N° 1 de Sáenz Peña. Ahora, la fiscal de Cámara María Rosa Osiska deberá intervenir y definir la situación procesal de Graciela Aranda, Miguel Ángel Ramos y Luis Vargas.

FUENTE DIARIO TAG 

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