Masacre de Napalpí: relatos de sobrevivientes en el segundo día de juicio por los crímenes de lesa humanidad de 1924

Hoy se realizó la segunda audiencia del juicio que se inició la semana pasada por esos asesinatos, calificados de lesa humanidad por la justicia federal en 2021, ocurridos el 19 de julio de 1924 en el entonces territorio nacional de Chaco, en cercanías a las localidades de Quitilipi y Machagai en la zona central de la provincia. Allí fueron fusiladas unas 400 personas Qom y Moqoit que reclamaban un aumento en el pago de la cosecha de algodón y mejoras en las durísimas condiciones de vida.

La respuesta fue una balacera que duró casi una hora, en la cual policías, gendarmes y colonos, dispararon más de 5 mil balas sobre la población desarmada. Al inicio de la audiencia, la jueza Zunilda Nieremperger reafirmó que el proceso se enmarca en el "compromiso del Estado en la investigación y persecución de crímenes de lesa humanidad y en la reconstrucción" para contar así con una historia "oficial y judicial" de los hechos, que fueron ocultados durante décadas. "Es un revisionismo histórico por la verdad, para la reparación a quienes hayan sido perjudicados, en el caso particular tiene que ver con la acción estatal", explicó.

La jornada de hoy permitió establecer cómo ocurrieron los hechos, a partir del relato de las sobrevivientes -ya fallecidas- Melitona Enrique y Rosa Chará, grabados años atrás cuando la justicia federal inició el camino para reconstruir lo ocurrido. Se reprodujeron dos entrevistas realizadas por Elizabeth Begallo a Melitona y a Chará, ambas en 2005. También, hoy se escuchó el testimonio de familiares de otras víctimas de la masacre, que aún heridas lograron salvarse: Ramona Pinay y Florencio Ruiz; y dieron su opinión y análisis sobre el contexto histórico los referentes de comunidades originarias David García y Analía Noriega.

De igual manera declararon la magister en antropología social (UNAM y Flacso) Elizabeth Bergallo y la historiadora Mariana Giordano (Conicet y Universidad Nacional del Nordeste). "Arrasaron con todo. Murieron muchos más moqoit que tobas. Ancianos, niños, mujeres embarazadas que querían trabajar y estar en paz”, se escuchó a Melitona, en una filmación que la mostró a la sombra de un árbol, cabizbaja y determinante, acompañada por sus hijos que oficiaron de intérpretes.

Cuando se desencadenó el ataque de las fuerzas estatales a los trabajadores, Melitona escapó al monte, donde estuvo dos días y dos noches sin comer mientras huía. Contó que pudo ver un avión auxiliaba a los agresores, que luego se comprobó que pertenecía al presidente del Aero Club Chaco, Agustín Cabal (h).

Del mismo modo, se escuchó a Rosa Chará, quien también detalló su calvario durante su huida hasta refugiarse en Quitilipi. El juicio carece de imputados porque los responsables de la masacre murieron, pero el Estado asume con este proceso la carga de establecer una verdad histórica e iniciar el camino para iniciar una reparación para los familiares de las víctimas.

La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, representada por el abogado Duilio Ramírez, se constituyó como una de las querellas, acompañada por la querella del Instituto del Aborigen Chaqueño, representado por el abogado Miguel Núñez. En tanto, la acusación del Ministerio Público Fiscal está a cargo de la Unidad Federal de Derechos Humanos que integran los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay.

Los responsables políticos de la Masacre de Napalpí fueron el Gobernador del territorio nacional de Chaco, Fernando Centeno; el comisario de Resistencia, Sáenz Loza, y su lugarteniente, el comisario de Quitilipi, José B. Machado. Al momento de los hechos, el dirigente radical Marcelo Torcuato de Alvear ejercía la Presidencia de la Nación.

El proceso pasó a cuarto intermedio hasta mañana a las 8, cuando se iniciará la tercera audiencia y se reproducirá el testimonio filmado de Felipa Laleqori, además de la declaración que brindarán los investigadores Pedro Solans, Teresa Artieda, Laura Rosso, Gabriela Barrios, Alejandro Jasinski, Rubén Guillón y Luciano Sánchez.

 

Reparación histórica
  

La subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, detalló que este tipo de procesos judiciales no solo implican un importante precedente en materia penal, sino que anexan una afectación a la sociedad entera al ser un delito de lesa humanidad. “Este juicio permite una reparación histórica para todo el pueblo chaqueño y sus pueblos originarios, generando un discurso donde ya no se niegue el genocidio y se constituya una identidad provincial inclusiva y con memoria”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia, Silvana Pérez, aseveró: “Chaqueñas y chaqueños pedimos memoria, verdad y justicia. Seguimos luchando por un país libre, soberano, equitativo e igualitario”.

Esta audiencia, al igual que las siguientes, contó con el acompañamiento de comunidades indígenas y agrupaciones de Derechos Humanos y público en general, convirtiéndose en un hecho histórico para toda la sociedad. También, estudiantes de diferentes instituciones educativas de la provincia, fueron participes de este proceso judicial. En la próxima ronda de testimonios, se espera el acompañamiento de chicas y chicos de la ENS N° 88 "Libertador General Simón Bolívar" y estudiantes de Juan José Castelli.

Mañana, más testimonios y declaraciones
El miércoles 27, nuevamente en la Casa de las Culturas, se reproducirá el testimonio filmado de Felipa Laleqori y declararán los investigadores Pedro Solans, Teresa Artieda, Laura Rosso, Gabriela Barrios, Alejandro Jasinski, Rubén Guillón, Neri Tete Romero y Luciano Sánchez.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, recuerdan a la ciudadanía que quienes así lo deseen quedan invitados a seguir la transmisión en vivo de las audiencias a partir de las 8, a través de la cuenta oficial de Youtube de Chaco Gobierno de Todos para garantizar el acceso a esta información a toda la población.

Cabe resaltar que este juicio, el primero en el país en juzgar un etnocidio como crímenes de lesa humanidad, es posible gracias a la articulación de la lucha de las comunidades indígenas, las organizaciones comunitarias, las organizaciones de derechos humanos, la investigación de historiadores como Juan Chico, la Fundación Napalpí, la voluntad y trabajo de la Justicia Federal y una decisión política del Estado provincial de estar a la altura de las circunstancias para dar el acompañamiento merecido.