Derrame de aceite en el Paraná: exigieron un "informe urgente" y que "se agoten todas las vías para estudiar el caso"

El martes una remolcadora de bandera paraguaya con nueve barcazas derramó combustible en el río Paraná, en cercanías a las localidades de Isla del Cerrito y Paso de la Patria. Desde Prefectura informaron que la mancha, definida como "superficial", cubriría unos 200 metros de largo por 150 de ancho.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo del Chaco comunicó que interviene en el caso y exigió un "informe urgente" a la Prefectura Naval; a la Dirección Nacional de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercantes y a la Administración Provincial del Agua, pidiendo que "se agoten todas las vías para estudiar el caso, saber cuáles son las medidas que se están adoptando al respecto y requirió precisiones sobre la implementación del plan de contingencia".

En una misma sintonía, requirieron dicha información para poder determinar la magnitud del daño ambiental y sobre las medidas que "tomaron y tomarán para mitigar y/o prevenir un mayor daño, asimismo poder conocer cuál fue el plan de contingencia realizado". 

"Todo esto con la finalidad de analizar las acciones a llevar adelante para sancionar y/o prevenir otro evento similar y a su vez para dar información correspondiente sobre hecho de tal gravedad a la ciudadanía", señalaron mediante un documento. 

Desde el organismo también hicieron mención a las desinformaciones que "circulan por distintas redes sociales", y esgrimieron: "Resulta necesario que frente a la cantidad de mensajes falsos o fake news circulando por distintas redes sociales sobre la calidad de agua potable, es menester que la empresa SAMEEP intensifique los controles en la toma de captación de agua e informe de forma periódica la calidad del agua". 

Por último, desde la Defensoría remarcaron la "necesidad de articular políticas institucionales ambientales interjurisdiccionales, al considerar naturalmente que lo que impacta en una costa necesariamente impacta costa abajo. Todo ello en aras de mejorar la gestión ambiental de la cuenca desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que incluye no sólo el derecho al ambiente sano sino también a recibir información oportuna y de calidad".