El Frente de Todos Chaco exigió renuncias, investigación profunda y regularización del Consejo de la Magistratura

Mediante un comunicado, integrantes del Consejo Provincial del Partido Justicialista y de partidos que componen el Frente de Todos Chaco se expresaron para repudiar, condenar y denunciar los vínculos entre un sector del Poder Judicial, grupos mediáticos, empresarios y políticos del arco opositor. "No hay democracia ni Estado de derecho posible con un Poder Judicial adicto y al servicio del poder económico, parcializado y utilizado como herramienta de persecución política", afirmaron.

Los referentes del espacio político exigieron la inmediata "regularización institucional" del Consejo de la Magistratura, además de la renuncia de los funcionarios públicos involucrados, "y una seria y profunda investigación, acorde a la gravedad de los hechos".

El comunicado surge luego de que se diera a conocer un supuesto chat hackeado entre jueces, funcionarios porteños y el presidente del Grupo Clarín, como una suerte de respuesta luego de que trascendiera que -según el FdT Chaco- "ese grupo viajó, por invitación de directivos de Clarín, a una zona del Lago Escondido ubicada en las tierras del empresario birtánico Joe Lewis".

De esta manera, desde el partido expusieron que el encuentro demuestra "los vínculos de la justicia de nuestro país con un sector de la oposición", y agregaron que se trata de jueces y fiscales que tienen un rol decisivo "en la persecución política, judicial y mediática que vienen llevando adelante contra funcionarios pertenecientes al peronismo".

Respecto a las causas judiciales contra la vicepresidente Cristina Kirchner, y especialmente a horas de conocerse el veredicto en la causa Vialidad, el partido indicó que los implicados también utilizan el "lawfare" y "tienen vinculación directa con la jueza Capuchetti, cuestionada por la vicepresidenta por no investigar el intento de magnicidio en su contra".

Por último indicaron que en los supuestos chats "se observa claramente la comisión y el encubrimiento de delitos como falsificación de documentos, falso testimonio, censura directa, y amenazas de continuar armando causas a quien hablen de ellos bajo amenaza de la aplicación de torturas y encarcelamientos ilegales".