Aída Ayala insiste en que es una causa “armada” y asegura que la Justicia “no investiga bien”

La exintendente de Resistencia apuntó nuevamente contra la Justicia al asegurar que “no investiga bien y no hay pruebas de nada” de lo que se le acusa. Además sostuvo que no fue notificada del procesamiento: “Ni siquiera a mi abogada notificaron”.

“No estoy de acuerdo con el desafuero, yo no voy a renunciar”, reiteró y sobre la denuncia del exintendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, indicó que es un “tema descabellado”.

La causa nació en mayo de 2018 cuando a partir de la denuncia de Casalboni, la Justicia Federal ordenó allanar una oficina de Matías Balamceda, exyerno de Ayala.

En aquel momento se supo que la denuncia la había hecho el propio intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, donde contó que Ayala, en su rol de secretaria nacional, “bajaba fondos a diferentes localidades con la condición de que la compra se haga a través de la Fundación Construir y en negocios que ellos mismos elegían”. “Uno de esos locales se llama Chaco Service, donde en el domicilio declarado en realidad funciona un local de service de aires acondicionados”.

 
En abril de ese año, el fiscal federal, Patricio Sabadini, pidió la indagatoria de la actual diputada nacional, teniendo en cuenta que "ha quedado acreditado que bajo dirección de la Aída Ayala, quien se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales -del Ministerio del Interior de la Nación-, se efectuaron maniobras direccionadas a la compra y contrato cuyo proveedor en todos los casos ha sido el Claudio Alejandro Tolosa, siendo palmarios los sobreprecios de los elementos adquiridos, que ello ha sido efectuado mediante las firmas de Convenios entre la Municipalidad de Quitilipi y la Secretaría de Asuntos Municipales, dirigida en ese momento por la Sra. Ayala”.

Según se detalla en la actuación, la hipótesis que maneja la Justicia es que "se habría diseñado un plan metódico, que habría requerido para su concreción: que desde el municipio de Quitilipi se tome la decisión administrativa de obviar el proceso de licitación requerido por la normativa específica en relación al monto del financiamiento; que la autoridad máxima de dicha comuna, al haber optado por el sistema de contratación directa, se incline por realizar la compra del supuesto destinatario predilecto por parte de quienes habrían esquematizado el plan de acción; que por medio de la municipalidad de mención se inicien las actuaciones administrativas necesarias para solicitar el financiamiento, aportando a su vez el presupuesto presuntamente cargado con sobreprecios a las autoridades de la Secretaría de Asuntos Municipales; que los fondos emitidos por Nación ingresen al erario municipal".