Escándalo en Quitilipi: reconocen que la falsa médica fue incorporada sin controles y ya tiene pedido de captura nacional

El escándalo por la falsa médica que ejercía ilegalmente en Quitilipi sumó un nuevo capítulo luego de que las autoridades del hospital local admitieran que la mujer fue contratada sin una verificación adecuada de sus credenciales profesionales. La situación generó conmoción en la comunidad y dejó al descubierto graves fallas en los controles administrativos del sistema de salud pública.

La mujer, identificada como Lidia Mabel Ojeda, está acusada de usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, delitos por los cuales la Justicia ordenó su captura luego de que se diera a la fuga tras un allanamiento en su domicilio. Actualmente permanece prófuga y pesa sobre ella un pedido de captura en todo el país.

El director del Hospital de Quitilipi, Alfredo Acuña, reconoció públicamente que la incorporación de Ojeda se realizó “de buena fe”, confiando en la documentación presentada, aunque sin efectuar la verificación correspondiente de la matrícula profesional.

Según trascendió, la irregularidad fue detectada cuando integrantes del personal médico advirtieron inconsistencias en la matrícula presentada por la acusada. Tras realizarse las averiguaciones pertinentes, se comprobó que el número pertenecía a otro profesional habilitado, lo que encendió las alarmas y motivó la intervención judicial.

Desde la institución sanitaria atribuyeron lo ocurrido a un “error administrativo”, aunque la gravedad del caso llevó a la apertura de sumarios internos y a una investigación penal para determinar responsabilidades.

Si bien desde el hospital aclararon que la mujer no habría participado en cirugías, la revelación generó fuerte preocupación por el riesgo que implicó para los pacientes y por las falencias evidenciadas en los mecanismos de control para el ingreso de personal sanitario.

La causa continúa avanzando mientras la Justicia intenta dar con el paradero de la acusada y esclarecer cómo logró ingresar al sistema de salud pública presentando documentación presuntamente falsa.