En esta línea, el legislador explicó que este proyecto, que se suma a las iniciativas previamente presentadas por los exdiputados Héctor Vega y Rubén Guillón, surge a raíz de la problemática ambiental y de contaminación, actualizando y complementando la Ley 2026-R sobre biocidas.

De esta manera, sostuvo que “esta ley establece criterios básicos para que los envases vacíos de fitosanitarios reciban un tratamiento específico y diferenciado, debido a las características de toxicidad del producto que contuvieron, con el objeto de proteger a las personas y al ambiente”.

Fundamentos de la ley

Sager se refirió a la importancia de la iniciativa al considerar que viene a afianzar y fortalecer el esquema de una política ambiental, impulsada por el Estado provincial. “Es una gran herramienta que damos a la comunidad en busca de mejorar la calidad de vida, para que productos agroquímicos no afecten la salud de las personas ni de los animales”, indicó.

Asimismo, explicó que la legislación nacional de presupuestos mínimos para protección ambiental pretende garantizar no sólo una gestión integral de los envases vacíos para que no afecten la salud de personas ni animales, sino también asegurar que el material recuperado de los envases que hayan contenido fitosanitarios no sea empleado en otros usos que puedan implicar riesgos sobre el ambiente o seres vivos.

Señaló también que la normativa propone mejorar la eficacia de la gestión, considerando las estructuras y métodos preexistentes en cada jurisdicción, de conformidad con el principio de progresividad, dinamiza el procedimiento administrativo para el registro y autorización de los sujetos comprendidos en la ley y define las diferentes etapas y eslabones comprendidos en la gestión integral de los envases vacíos de fitosanitarios.