El Gobierno oficializó este lunes la creación del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, que buscará mejorar los mecanismos estatales para prevenir la violencia de género.
 
 
A través del Decreto 123/2021, publicado en el Boletín Oficial, se informó que el organismo tendrá como objetivo garantizar “un abordaje integral, eficaz y articulado por parte de los distintos organismos involucrados del Estado Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación” ante este tipo de hechos y “de otras violencias extremas”.

El documento lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de las ministras de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Justicia, Marcela Losardo, y de Seguridad, Sabina Frederic.

El Consejo estará inicialmente, por las titulares de todos los Ministerios mencionados, “quienes dictarán el Reglamento interno de funcionamiento”, aunque, posteriormente, se incorporarán también las autoridades las mismas carteras que funcionen en los ámbitos de las jurisdicciones que hayan aceptado adherir a este Consejo.

Entre sus funciones, está la de “elaborar en forma conjunta los lineamientos para una política federal integral y unificada de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios”, así como también “estándares, herramientas de gestión, protocolos, guías y criterios rectores generales de actuación teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio”.

Deberá “unificar los sistemas de registro y gestión de la información”; ”promover mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión” de este tipo de casos; promover “la coordinación de acciones entre los organismos judiciales, de seguridad y las áreas de género con competencia en la materia a nivel nacional y local”, y “recomendar la elaboración y aprobación de normas que contribuyan con los objetivos propuestos”.

También estará a cargo de “promover el fortalecimiento de los dispositivos locales de asistencia integral” y de impulsar, en cada provincia, la organización de mesas de trabajo “con participación de los gobiernos locales, integrantes del poder judicial y ministerios públicos con competencia en cada jurisdicción, referentes de la sociedad civil, asociaciones de apoyo a las personas en situación de violencia y expertos y expertas en la materia”.

Además tendrá que “redactar y elevar un informe anual de las acciones que se tomaron en las distintas provincias y en el ámbito nacional”, el cual luego “deberá ser enviado al Congreso de la Nación”.

La Coordinación Ejecutiva convocará a los miembros del organismo, “como mínimo, una vez cada 6 meses y, como modalidad de funcionamiento, adoptará un esquema de trabajo por regiones que facilite el intercambio entre sus integrantes y permita elaborar estrategias acordes a las características de las distintas provincias y de la Ciudad”.

Por otra parte, se pondrá a disposición de las autoridades de cada jurisdicción “un sistema de indicadores de riesgo unificado y materiales de consulta y capacitación técnica en la materia”.