Invasión de Rusia a Ucrania: Argentina no apoyó en la OEA la condena a Putin propuesta por Estados Unidos
El gobierno de Alberto Fernández se excusó argumentando la “falta de pertinencia” de la Organización de Estados Americanos para pronunciarse sobre la invasión rusa.
La iniciativa fue aprobada por 24 países, menos Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Nicaragua.
El gobierno argentino no apoyó la resolución que emitió la Organización de los Estados Americanos (OEA) que condena enérgicamente a Vladimir Putin por la invasión “ilegal, injustificada y no provocada” de Rusia a Ucrania. El argumento esgrimido por la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner para evitar la condena fue la supuesta “falta de pertinencia” del organismo regional para tratar el ataque militar que dispuso Moscú. La iniciativa fue apoyada por 24 países, menos Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Nicaragua.
La declaración que se aprobó hoy, leída por la embajadora de Guatemala ante la OEA, Rita Claverie de Sciolli, exige al Kremlin cesar inmediatamente sus hostilidades y “volver a la vía del diálogo y la diplomacia para la solución de controversias”. Según pudo saber Infobae, el gobierno argentino decidió no apoyar la resolución, con el argumento de estar en desacuerdo con ciertos términos, y optó por leer el comunicado que redactó la Cancillería argentina que había rechazado la acción bélica.
Los países que apoyaron la declaración son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela, que está representada en la OEA por funcionarios afines al líder opositor Juan Guaidó. Durante la reunión, Honduras también pidió unirse a la declaración. El caso contrario fue el de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Nicaragua.
La declaración de la OEA asegura que la operación militar rusa en Ucrania es contraria a los “principios de respeto de la soberanía y la integridad territorial, así como a la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, y a la resolución pacífica de las controversias, que están consagrados en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas”. También hace un llamado a las partes a respetar sus obligaciones de derecho internacional humanitario, “en particular en lo relativo a la protección de la población civil y de quienes ni participan en las hostilidades”.
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