"La presentación se suma a la efectuada el 8 de abril de 2022 y reiterada el pasado 15 de diciembre, por las cuales se solicitó se de intervención a la Provincia del Chaco en dicho expediente en carácter de amicus curiae, sin que a la fecha se haya aceptado o denegado dicha solicitud”, precisó Capitanich en su cuenta de la red social Twitter

Al igual que en otras provincias, el fiscal de Estado de Chaco efectuó una nueva presentación a la Corte Suprema de Justicia de Nación, en la que "hace hincapié en ciertas apreciaciones que se observan en el fallo, las que soslayan los antecedentes y normativa aplicable al caso".

Al respecto, el mandatario sostuvo que "lo real y cierto es que el Estado nacional utiliza el dinero de la coparticipación para hacer frente a su organización y servicios a cargo, mientras que el resto lo destina a realizar obras y brindar servicios en las provincias".

"En la medida que disminuyen los fondos del Estado Nacional en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires menos disponibilidades tendrá aquel para coadyuvar al desenvolvimiento de los estados provinciales", apuntó.

Capitanich aseguró que “de la lectura del fallo –de la Corte- no se advierte que tenga basamento en una consideración científica. Sí en cambio está probado que con ello se está perjudicando al Estado Nacional y por ende a las provincias".

"El fallo desconoce deliberadamente la normativa vigente en el país, omite efectuar consideraciones jurídicas de índole constitucional y avanza en la resolución de aspectos que debieron ser analizados al resolver la cuestión de fondo", agregó.

El mandatario chaqueño aseguró que con esa resolución, los jueces de la Corte han "desvirtuado la figura de la medida cautelar, y generando una apropiación indebida de fondos por parte de la Ciudad".

Al finalizar, Capitanich consideró que “la afectación evidente al Estado nacional y las provincias argentinas, en favor de una jurisdicción resulta arbitraria, desmedida y carente de sustento legal”.

Ayer, el Gobierno nacional realizó una presentación ante la Corte para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado mediante el que ordenó al Estado nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de CABA, al elevarla al 2,95%.

A través de dos presentaciones que llevan la firma del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno de Alberto Fernández interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.

La diligencia judicial se produjo el mismo día en que el Gobierno de Alberto Fernández oficializó su decisión de transferir bonos TX31 a la ciudad de Buenos Aires, mientras la gestión porteña presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a los que acusó de no cumplir el fallo de la Corte.

Fuente: Télam