Tras conocerse la existencia de un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud de la Nación, que motivó el despido de Ginés González García por parte del presidente Alberto Fernández, vale advertir no es el primer caso de este tipo que escandaliza al país y al mundo en el marco de la pandemia.
 
 
A fines del mes pasado, la alcaldesa de Miami, Daniella Levine Cava, ordenaba a todas las entidades publicar diariamente los detalles del proceso vacunatorio, ante la sospecha de que se estuvieran privilegiando a personas de influencia económica, con la vacuna cuya escasez es evidente en todos los rincones del mundo.

En el país más golpeado por el COVID-19, con mayor cantidad de casos confirmados y fallecimientos, la funcionaria reclamaba que todos los residentes mayores de 65 años tuvieran acceso "equitativo" a las vacunas frente a denuncias que advertían sobre la derivación de dosis hacia las zonas más adineradas de la ciudad.

En España, mientras tanto, más de 700 personas con influencias fueron denunciadas por recibir dosis de la vacuna contra el coronavirus cuando no pertenecían a la población de riesgo.

Se trata de altos funcionarios nacionales y de las comunidades de Valencia, Cataluña, Madrid, Galicia, Ceuta y del País Vasco, que fueron privilegiados con la vacuna sin recurrir a los medios establecidos para los ciudadanos de a pie.

Entre ellos, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Angel Villarroya, quien fue uno de los pocos que renunció a su cargo tras conocerse el escándalo, el del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, quien se aplicó la vacuna de forma irregular, uno de los primeros en recibir el privilegio.

Pero quizá el más escandalosos de los casos conocidos fue el de Perú, donde numerosos funcionarios del gobierno se vacunaron contra el coronavirus mucho antes de que se iniciara la campaña de vacunación entre sectores vulnerables.

El escándalo cobró trascendencia global cuando se reveló que el expresidente Martín Vizcarra había recibido dos dosis de la vacuna de la empresa china Sinopharm en octubre, cuando aún era jefe de Estado.

Luego se supo que habían hecho lo propio la entonces ministra de Salud, quien terminó renunciando, y la canciller Astete, quien dimitió tras reconocer que había recibido la vacuna el 22 de enero, antes de que iniciara la campaña de inmunización general.

En total, serían 487 los funcionarios peruanos inmunizados anticipadamente, del más alto nivel, incluyendo al presidente Vizcarra y su "entorno cercano", como su esposa y su hermano, lo que derivó en investigaciones judiciales y del Congreso del Perú.

MINUTO UNO