Avanza la investigación por la muerte de Ezequiel García, de 20 años, en la Unidad Penal N° 6 de San Cayetano el pasado 13 de enero. Ayer se realizó una audiencia testimonial en el Juzgado de Instrucción N° 1 y los médicos que intervinieron en la causa determinaron que el deceso se produjo por los golpes sufridos.

Laura Silvero, madre de la víctima, declaró que “los médicos confirmaron que tenía golpes, le rompieron la parte frontal de la cabeza, lo que provocó la muerte, y estaba esposado de manos y pies”.

Además agregó: “Lo que no puedo entender es cómo a un chico tan joven lo trataron así, lo torturaron hasta matarlo, el tenía un resguardo físico ordenado por un juez y lo terminaron matando ellos” (en referencia a los penitenciarios).

Cabe recordar que ocho penitenciarios fueron imputados en la causa pero permanecen en libertad hasta el momento.

El abogado querellante explicó que se elaboró una imputación que fue presentada por la fiscal Sonia Meza por los delitos de torturas y apremios seguidos de muerte. Dijo además que “los penitenciarios participaron en la golpiza propinada a García, ocasionándole heridas graves que derivaron en su muerte”.

Luego sostuvo que “en la reconstrucción no quedaba duda respecto de una muerte traumática provocada por torturas y apremios. Esos golpes, por la intensidad y magnitud, le provocaron una depresión en el sensorio y una posterior muerte”, pero “inicialmente en enero se hizo un requerimiento por homicidio, y luego, una vez que estuvo radicado en la fiscalía correspondiente, se llevó a cabo la modificación de la imputación”.

En tal sentido destacó que “en la fiscalía de la doctora Sonia Meza se elaboró un nuevo requerimiento” y “posteriormente se pidió la imputación para los ocho agentes penitenciarios por torturas y apremios seguidos de muerte”, expuso, y reconoció el trabajo de la doctora Meza porque “el material probatorio que tuvo que reconstruir fue muy meticuloso”.

Asimismo, advirtió que los penitenciarios se encuentran en libertad, y se espera que en la segunda semana de mayo, cuando comience la ronda de declaraciones indagatorias, queden “seguramente detenidos para que se evite el riesgo procesal”.

Planteó que “algunos deberán responder como autores, otros como coautores y partícipes necesarios por los delitos de apremios y tortura seguida de muerte”.