El dirigente social Juan Grabois fue retenido este martes cuando intentaba ingresar a Colombia junto a una misión de observadores para relevar la situación de derechos humanos en ese país, que vive una crisis social.
Las autoridades no le permitieron el ingreso a Grabois, lo retuvieron y le informaron que iban "a proceder a la inadmisión", según un video difundido por miembros del grupo argentino.

"Todos pasamos con la misma documentación, las mismas cartas de invitación y venimos en el mismo vuelo y al único que apartaron fue a Juan. No le dieron ningún argumento, dijeron que el país es soberano y decide quién entra y quién no, y lo apartaron a otro cuarto", explicó uno de los miembros de la misión, Gonzalo Armúa del movimiento Patria Grande.

La misión también informó a través de las redes sociales que Ismael Jalil, abogado de Correpi, fue "demorado" por asumir la defensa de Grabois.

La idea de la delegación argentina es permanecer en Colombia hasta el 2 de junio, y visitar, además de Bogotá, otras ciudades de magnitud importante en materia de movilizaciones, pero también de las que acumulan más denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad.

"La delegación argentina de derechos humanos y solidaridad con el pueblo colombiano estamos acá varados a la espera de saber por qué motivo han demorado al compañero Juan Grabois. Están negando el ingreso al país del compañero sin ninguna información o presentación formal, y el conjunto de la delegación argentina está aguardando aquí, exigiendo por supuesto garantías por su integridad y garantías por el resto de la delegación que tiene que venir a cumplir una función humanitaria al país", informó a Télam Marianela Navarro, coordinadora de la misión.

Integran la misión representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Antes de partir, los organizadores del viaje explicaron que la decisión de viajar fue "ante las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos que se adjudica a las fuerzas regulares del Estado y a bandas paramilitares que actuarían conjuntamente –según se denuncia – frente al pacífico ejercicio del legítimo derecho a la protesta que intenta ejercer el pueblo colombiano"