Participaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia Rolando Toledo, el presidente de la Cámara de Diputados Hugo Sager, la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, la secretaria general de Gobernación Noelia Canteros y la subsecretaria de Justicia Lourdes Polo Budzovsky.

De forma virtual también participaron representantes de Colegios de Abogados, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Superior Tribunal de Justicia, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, de la Fundación Instituto de Mediación, la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, entre otros.

Se trata de las leyes de Juicio Civil por Jurados, la creación de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, la ley de Mediación para disminuir la litigiosidad e incrementar la participación ciudadana en los conflictos, y la de Peculio que busca promover la inclusión social de las personas en conflicto con la ley a través del trabajo.

Las reglamentaciones fueron revisadas por distintos agentes públicos, organismos y profesionales especializados en las materias abordadas. Para ello se conformaron equipos técnicos de análisis, que elaboraron actas con aportes para que el Poder Ejecutivo elabore y promulgue los decretos reglamentarios. “Cada una de estas leyes representa un derecho que se garantiza y se profundiza”, indicó la ministra Zalazar.

La ministra resaltó el nivel de acompañamiento tanto para la sanción de las leyes como la participación de distintos organismos que ayudaron a su elaboración. “Es una jornada muy importante desde el punto de vista de la democracia porque presentamos un proyecto político que tiene como eje acciones que garanticen derechos a cada vez más ciudadanos y ciudadanas, somos un gobierno que a través de cada una de las acciones que lleva adelante, piensa, acciona y trabaja en pos de los derechos de todos”, subrayó.

Cuatro leyes claves
El Juicio Civil por Jurados reglamentado en la Ley 3325-B permite la participación de ciudadanas y ciudadanos en la administración de justicia, con igualdad de género y representatividad indígena en los casos que incluyan alguna comunidad. Se trata de un hito para la provincia, el país y Latinoamérica, por ser la primera vez que se incorpora este instituto fuera del sistema del Common Law.

La Ley 3324-A crea la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura para la formación, actualización y perfeccionamiento de funcionarios, empleados del Poder Judicial y abogados de la matrícula, a través de cursos, talleres, seminarios, jornadas de capacitación jurídica y actividades de investigación. También se prevén actividades de difusión a la comunidad de temas de interés social vinculados al sistema judicial. Era un reclamo histórico de las y los abogados de la provincia y responde a lo requerido constantemente por sus asociaciones profesionales.

La Ley 3323-C de Mediación busca aumentar la paz social, disminuir la litigiosidad e incrementar la participación ciudadana en los conflictos. Contempla la creación del Registro Público de Mediadores al Ejecutivo provincial, que habilitará centros de mediación, formará y capacitará en negociación y resolución de con?ictos sociales a mediadores, que actuarán en coordinación con jueces de faltas de cada jurisdicción.

La Ley 3304-N de Peculio tiene como fin promover la inclusión social de las personas en conflicto con la ley, a través del trabajo. Contempla actividades laborales y capacitaciones en oficios y estudios a las personas en contexto de encierro. Eso, sin duda, repercutirá en los índices de reincidencia, disminuyendo el porcentaje de comisión de delitos. Si bien se establece una remuneración como contraprestación, parte de la remuneración que reciba la persona privada de libertad, será destinada a víctima del delito como indemnización por los daños ocasionados.