El Comité de Prevención de la Tortura (CPTCh), solicitó formalmente la imputación de la funcionaria policial por incurrir en los delitos de “Omisión de Evitar Torturas y/o subsidiariamente de Encubrimiento Agravado”. Tal solicitud se debió a que Lucena, como autoridad máxima en la comisaría, estuvo presente el día 31 de mayo del 2020, siendo reconocida en el material fílmico de las cámaras de seguridad de dicha dependencia por los funcionarios policiales que prestaban servicio en el lugar. Se comprobó así que ella no detuvo los aberrantes hechos de violencia policial dirigidos a cuatro jóvenes pertenecientes a la comunidad Qom.
  El Fiscal en lo Penal Especial en Derechos Humanos Luciano Santos había solicitado la clausura de la etapa de investigación y la elevación a juicio de los nueve (9) funcionarios policiales con imputaciones de detenciones ilegales, vejaciones agravadas, allanamiento ilegal y falsedad ideológica.
Las querellas conformadas por el Comité de Prevención de la Tortura, la Secretaría de DDHH y Géneros y la Defensa Publica Oficial se opusieron a la elevación a juicio, solicitando se incluya la imputación por omisión de Deberes a la Comisario Lucena.
La jueza de Garantías Rosalía Zozzoli resolvió, por esta oposición, que la Fiscalía debía resolver sobre dicha solicitud previo a clausurar la investigación.

El día de ayer se formalizó la imputación a la Comisaria por los delitos de “Encubrimiento Agravado y Detención Ilegal”, quedando por tanto diez (10) imputados en la causa: Claudia Beatriz Lucena, Antonio Andrés Fernández, Cristian Omar Benítez, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González, Cristian Ariel Flores, Cristian Eduardo Foschiatti, Orlando Sergio Martin Cabrera y Sebastián Alberto Vallejos.

𝐋𝐎𝐒 𝐇𝐄𝐂𝐇𝐎𝐒

  El día 31 de mayo de 2020, aproximadamente las 04:30, efectivos policiales de la Comisaria Seccional 3° de la ciudad de Fontana irrumpieron violentamente y de manera ilegal en la vivienda de Elsa Fernández.
Ella se encontraba descansando con sus hijos, cuatro de ellos menores.
Los policías atacaron a esta familia de manera brutal, ejerciendo altos niveles de violencia física, verbal y psicológica y detuvieron a dos varones y a dos mujeres, una de ellas adolescente, sin justificación alguna.
  El Comité de Prevención de la Tortura recuerda a las funcionarias, funcionarios, trabajadoras y trabajadores policiales la prohibición absoluta de torturas y malos tratos, la obligación de hacer cesar dichos actos cuando son cometidos por el personal sub-alterno, así como la obligación de denunciar inmediatamente la comisión de los mismos.

FUENTE Comité de Prevención de La Tortura Chaco