Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, ambos detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski fueron imputados por el fiscal Sabadini en una causa que investiga presunto lavado de activos. La acusación involucra a la Fundación Saúl Acuña, que recibía fondos de organismos provinciales para la construcción de viviendas.

El fiscal federal Patricio Sabadini presentó la imputación, señalando una "matriz estructural de corrupción" para desviar fondos públicos que, en los últimos tres años, superarían los 900 millones de pesos. Según el fiscal, Sena y Acuña adquirieron numerosos bienes muebles e inmuebles a nombre propio y de la fundación.

La investigación surgió tras el hallazgo de 6 millones de pesos en efectivo en la casa de Sena durante un allanamiento relacionado con el femicidio de Cecilia. El dinero, de origen ilícito, habría sido introducido en el mercado mediante la fundación.

Sabadini destacó que los ingresos lícitos de Sena y Acuña eran insuficientes para justificar su incremento patrimonial, ya que ambos eran empleados del Ministerio de Educación con sueldos modestos. La Fundación Saúl Acuña, sin empleados registrados, recibía fondos que luego eran retirados en efectivo, dificultando la trazabilidad del dinero.

La investigación también reveló un aumento desproporcionado en los gastos de la fundación, como en personal de salud, que creció un 477% entre 2021 y 2022. Además, se detectaron "gastos falsos" en los estados contables.

La fundación recibió aportes de varios ministerios y organismos provinciales, incluyendo 186 millones de pesos del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) en 2023. Tras el caso Cecilia, el gobierno provincial intervino la fundación, descubriendo un faltante de más de 62 millones de pesos y la inexistencia de viviendas que debían ser construidas con esos fondos.

El fiscal ordenó el secuestro de ocho vehículos y el embargo de cuatro propiedades del matrimonio Sena-Acuña.