La investigación del asesinato de Johana González, encontrada desmembrada en una laguna de Villa Seitor, genera controversia en los tribunales y podría llevar a la fiscal Nelia Velázquez a tomar medidas adicionales por la situación de intereses contrapuestos que existe porque los socios Pablo Vianello y Juan Ignacio Moreno, intervienen en la causa pero en veredas distintas.

El abogado Pablo Vianello, después de contactar a la madre de la víctima, se constituye como querellante en la causa. En tanto, Juan Ignacio Moreno, señalado como socio de Vianello del mismo estudio jurídico, asume la defensa de Mario Barrientos, el único detenido y principal sospechoso del crimen.

El vínculo entre Vianello y Moreno, quienes además de colegas compartieron actividades como el rugby en el club Regatas, donde Vianello forma parte de la Subcomisión de Rugby, genera malestar en la Justicia y es considerado "intolerable" por algunos funcionarios.

Ambos abogados trabajaron juntos en varios casos, incluyendo la defensa conjunta de un trabajador que mató a un delincuente. Sin embargo, en el caso de Johana González, su posicionamiento en lados opuestos podría provocar una acción legal por "intereses contrapuestos". Esta situación recuerda al caso Cecilia Strzyzowski, donde se presentaron conflictos similares.

En el caso Cecilia, el Equipo Fiscal Especial, liderado por Nelia Velázquez, declaró intereses contrapuestos en la defensa de Ricardo Osuna sobre César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, debido a los escritos incriminatorios de Acuña contra su hijo. También se objetó la designación de Nicolás Boniardi Cabra, quien compartía el domicilio del estudio jurídico de Osuna.

El artículo 271 del Código Penal establece multas y la inhabilitación especial de uno a seis años para los abogados o mandatarios judiciales que "defendieren o representaren partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente, o que de cualquier otro modo, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada".