Sáenz Peña: se pospuso el inicio de la audiencia debate a los policías acusados de golpear a un joven con síndrome de Down

El juicio que debía iniciarse este martes en la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña sufrió algunos contratiempos y se suspendió hasta el próximo lunes. El juez a cargo del caso ordenó la detención inmediata de uno de los policías involucrados debido a la presentación de un certificado médico.

Este juicio, en el que tres efectivos policiales están acusados de apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad, tiene como víctima a un joven con Síndrome de Down.

La audiencia, que comenzó con la presencia de las partes involucradas —los abogados defensores César Collado y Rodrigo Merele, el querellante particular Ramiro Cabaña, el subsecretario de Derechos Humanos con su abogado Maximiliano Almirón, y dos de los imputados— debió ser suspendida minutos después de su inicio.

La nueva audiencia se llevará a cabo el próximo lunes para escuchar a los testigos programados para este primer día. Luego, el juicio continuará el 12 de diciembre, y los alegatos finales y la sentencia del juez se pospondrán para febrero de 2025.

La suspensión se debió a una solicitud del fiscal Carlos Rescala, quien fue designado para esta causa ante la ausencia de la fiscal de Derechos Humanos Silvia Sluzar. Rescala se enteró de su nombramiento el lunes al mediodía, pero debido a la imposibilidad de informarse adecuadamente sobre el caso y a la coincidencia con otra audiencia en la Cámara Criminal de la que es titular, solicitó la postergación.

Uno de los imputados, Maximiliano Ponce, presentó un certificado médico el 2 de diciembre a las 21:12, con fecha del 3 de diciembre, para justificar su inasistencia a la audiencia. Además, su abogada, Natalia Ruíz Díaz, tampoco estuvo presente.

Ante esta situación, el juez Rodolfo Lineras ordenó la detención inmediata del policía Ponce, quien deberá ser alojado en la Comisaría Sexta, en la División de Investigaciones, o en otro lugar adecuado para garantizar su seguridad.

Respecto a la emisión del certificado médico, y dado que podría tratarse de un delito de acción pública, el juez dispuso que se informe al fiscal de turno para que se inicie una investigación sobre el profesional médico que emitió el documento.