Nicolás Maduro denunció que el gendarme Nahuel Gallo planeaba un atentado contra la vicepresidenta

A poco de asumir su nuevo mandato, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro habló sobre la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo y denunció que planeaba un atentado contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

En otro duro mensaje contra el Gobierno argentino, al que acusó de ser parte de una "conspiración", el presidente venezolano dijo tener pruebas contra Gallo, aunque no las mostró.

“Algunos chillaron, como los argentinos, pero yo puedo decirlo hoy: nosotros a esa gente la estábamos esperando. Gracias a Dios, siempre tenemos que agradecerle a él, tenemos una inteligencia muy buena; ellos venían desde el sur de América con planes específicos para intentar atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez”, afirmó Maduro en una transmisión por la TV estatal venezolana.

En referencia al gendarme que permanece detenido en algún lugar de Caracas, sostuvo el presidente que “es mentira que (Gallo) tiene una novia aquí, ese señor tiene su esposa en Argentina”.

“El Gobierno argentino está involucrado en los planes violentos de atentar contra la paz de Venezuela, así lo denuncio”, sostuvo Maduro, sin exhibir tampoco alguna prueba de tal aseveración.

De esa manera, el Gobierno venezolano reforzó la teoría conspirativa que esbozó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, al apuntar que Gallo había llegado a Venezuela con fines de realizar tareas de espionaje.

El Gobierno argentino ya había rechazado estas afirmaciones, señalando que se tratan de acusaciones infundadas y que “Gallo se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al intentar ingresar a Venezuela desde Colombia. Gallo, de 33 años, se desempeñaba en Mendoza y había viajado para reunirse con su esposa e hijo en Caracas.

El Gobierno argentino denunció la detención como arbitraria y exigió su liberación inmediata, calificando el hecho como una violación de los derechos humanos. La Cancillería presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, argumentando que el caso se enmarca en un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.