La Justicia ordenó levantar el secreto bancario de Capitanich y sus hijas

El fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, logró que se habilitara el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil sobre el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, sus hijas Jorgelina y María Guillermina, así como de otros exfuncionarios que están siendo investigados por presunto lavado de dinero y fraude vinculado a tierras fiscales.

La decisión judicial forma parte de una causa iniciada tras la denuncia presentada por Ana María Canata, presidenta del Instituto de Colonización del Chaco, quien expuso posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de tierras durante la administración anterior.

Fuentes judiciales informaron a Diario Chaco que ya se enviaron oficios a organismos clave como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de rastrear posibles operaciones sospechosas, identificar cuentas activas o cerradas, y comparar estos datos con las declaraciones patrimoniales de los investigados.

La causa gira en torno a presuntos delitos como “fraude contra la administración pública, lavado de activos agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos”.

En esta etapa de la investigación también figuran Sheina Marlene Waicman y Darío Ariel Zaks. La UIF fue requerida para verificar si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que los involucren, además de cualquier informe de inteligencia financiera interna que los relacione con los hechos denunciados.

Por su parte, el pedido dirigido al BCRA incluye un relevamiento exhaustivo de las cuentas bancarias, productos financieros, movimientos de fondos y cualquier vínculo con las personas investigadas, ya sea como titulares, cotitulares, autorizados o apoderados.

El requerimiento fiscal
En marzo pasado, se conoció un escrito de Amad en el que se apuntaba a exfuncionarios provinciales por su presunta participación en un esquema de adjudicación fraudulenta de tierras fiscales. Según sostiene el fiscal, se habría ejecutado un mecanismo sistemático que favorecía a empresas ligadas a funcionarios o a sus familiares.

La presentación judicial da cuenta del uso de decretos y resoluciones con presuntas irregularidades para beneficiar a ciertos actores mediante la asignación discrecional de tierras y subsidios.

Entre las pruebas ya recolectadas figuran documentos oficiales, registros de sociedades, declaraciones juradas y movimientos bancarios, los cuales revelarían discrepancias entre los ingresos declarados y los montos efectivamente percibidos, lo que generó sospechas fundadas en la Fiscalía.

Con el avance de la instrucción, el Ministerio Público busca confirmar si existió un circuito de enriquecimiento ilícito, operaciones de lavado de dinero y desvío de fondos estatales mediante el uso de empresas fantasma y prestanombres. Con el levantamiento del secreto bancario ya concretado, se espera que en los próximos días tanto la UIF como el BCRA comiencen a remitir la información solicitada.