El diputado Vargas encabezó la 4.ª Audiencia Pública para visibilizar la Ley 3000/22 en la Plaza de la Integración

Con amplia participación ciudadana, el legislador continúa impulsando el debate sobre el proyecto que busca sancionar a los obstructores de vínculos familiares.

En la Plaza de la Integración se llevó a cabo la cuarta Audiencia Pública destinada a visibilizar y debatir el proyecto de Ley 3000/22, conocida como Ley de Obstructores de Familia, impulsada por el diputado provincial Samuel Vargas.

El encuentro reunió a organizaciones sociales, referentes comunitarios, ciudadanos y familias, entre ellas la de Enzo Pittau, quienes compartieron sus testimonios en un espacio abierto de escucha activa, diálogo y reflexión. El eje central de estas audiencias es visibilizar las realidades que atraviesan muchas familias dentro del ámbito familiar y judicial, y recoger aportes que enriquezcan el texto legislativo.

Las audiencias públicas son herramientas formales de participación ciudadana que permiten incorporar distintas miradas, identificar fortalezas y debilidades del proyecto y acercar el debate a la comunidad. La propuesta legislativa ya fue girada a la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados del Chaco, desde donde podría pasar al recinto para su tratamiento una vez finalizado el receso legislativo.

En declaraciones durante la jornada, el diputado Samuel Vargas expresó:

“El objetivo de esta ley es desalentar y sancionar prácticas muy perversas, como la utilización de los niños como objeto de disputa judicial. Queremos que se respete su derecho a vincularse libremente con ambos progenitores y familiares, siempre priorizando su bienestar”.
Asimismo, Vargas remarcó que el proyecto se enmarca en los derechos del niño, tal como lo establecen los tratados internacionales suscritos por la República Argentina y a los que adhiere la provincia del Chaco.

“Con esta ley buscamos que los niños sean reconocidos como sujetos de derecho. Queremos aportar una herramienta que fortalezca el accionar de la Justicia y ponga fin a prácticas que tanto daño causan a la infancia”, afirmó.
El proyecto de Ley 3000/22 representa una propuesta en construcción que, a través de estos encuentros, sigue sumando voces para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos familiares conflictivos.