Ricardo Osuna recuperó la libertad bajo caución millonaria y severas restricciones judiciales

La Justicia dispuso este jueves la libertad efectiva bajo caución real del abogado Ricardo Ariel Osuna, imputado en dos causas vinculadas a delitos rurales. La medida fue notificada tras la recepción de los oficios emitidos por la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, a cargo de la fiscal Noelia Beatriz Miño.

La resolución se enmarca en las causas caratuladas “Ascona Roberto Livii; Osuna Ricardo Ariel s/abigeato” y “Osuna Ricardo Ariel s/encubrimiento”, en las que el imputado continuará sujeto al proceso judicial bajo estrictas condiciones cuyo incumplimiento podría derivar en una nueva detención y en la ejecución de la garantía ofrecida.

Condiciones impuestas por la Justicia
Entre las obligaciones fijadas, Osuna deberá constituir y mantener domicilio, permanecer a disposición del órgano judicial y concurrir a todas las citaciones que se le formulen. También se le prohibió salir del país y de la provincia del Chaco sin autorización judicial.

Además, tiene vedado acercarse o mantener cualquier tipo de contacto —personal, telefónico o mediante redes sociales— con testigos o posibles testigos de las causas. Deberá presentarse cada quince días hábiles ante el Equipo Fiscal interviniente, abstenerse de cometer nuevos delitos o contravenciones y evitar cualquier conducta que pueda entorpecer la investigación.

Como parte de las restricciones, se le ordenó no consumir estupefacientes ni bebidas alcohólicas en la vía pública. Asimismo, se dio intervención al Departamento de Medicina Legal de Sanidad Policial para la realización del examen médico correspondiente.

Caución de 61 millones de pesos
Para acceder a la libertad, la Justicia fijó una caución real de 61 millones de pesos, la cual fue aceptada el jueves 18 de diciembre. El monto quedó garantizado mediante el embargo del mismo inmueble que Osuna había ofrecido en una causa anterior por abigeato.

La vivienda, valuada en aproximadamente 400 millones de pesos, ya contaba con un embargo previo de 325 millones, por lo que la medida fue ampliada para cubrir la nueva caución. De esta manera, el bien quedó afectado como garantía suficiente para asegurar el cumplimiento de las condiciones impuestas.