El “audio del terror”: la extorsión que derivó en la muerte de un soldado en Olivos

La Justicia Federal reveló detalles de una red de extorsión digital organizada desde cárceles bonaerenses, vinculada al suicidio del soldado voluntario Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, quien se desempeñaba en la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos. La investigación determinó que la presión psicológica y económica ejercida por la organización fue un factor clave en la trágica decisión del joven, ocurrida en diciembre pasado.

El caso dejó de ser una muerte sin respuestas para transformarse en una causa judicial que expuso una modalidad delictiva compleja, basada en el uso de perfiles falsos, suplantación de identidad, amenazas y exigencias de dinero.

El inicio de la extorsión
Según la investigación, la maniobra comenzó a través de una aplicación de citas, donde los delincuentes crearon un perfil falso bajo el nombre de “Julieta”, con el objetivo de generar un vínculo de confianza con la víctima. Con el paso de los intercambios, la conversación derivó en mensajes intimidatorios y audios amenazantes, incluyendo el denominado “audio del terror”, en el que se lo acusaba falsamente de mantener contacto con una menor de edad.

La suplantación de un policía y las amenazas legales
Posteriormente, un integrante de la banda se hizo pasar por un policía de la Ciudad de Buenos Aires, asegurando que existía una supuesta causa judicial en su contra y exigiendo transferencias de dinero para evitar consecuencias legales. Para dar mayor credibilidad a la estafa, los extorsionadores usurparon la identidad real de un efectivo porteño, quien no tuvo ninguna participación en los hechos.

Investigación y detenciones
La causa, encabezada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado junto a la División Homicidios de la Policía Federal, incluyó más de 50 días de escuchas telefónicas, análisis de comunicaciones y seguimientos, lo que permitió reconstruir la operatoria de la organización criminal.

Los investigadores detectaron un patrón de presión constante, con exigencias de pagos a cuentas bancarias vinculadas a la banda. Parte del dinero era luego fragmentado y redistribuido para dificultar su rastreo.

Tras una serie de allanamientos en cárceles bonaerenses y domicilios del conurbano, se logró la detención de al menos siete sospechosos, entre ellos internos de los penales de Magdalena y Olmos, desde donde coordinaban las maniobras.

Entre los presuntos líderes fueron identificados Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, quienes contaban con apoyo de cómplices en libertad para ejecutar las operaciones.

Un fenómeno criminal en expansión
Para la Justicia, el caso expone un problema estructural: el uso de teléfonos celulares dentro de establecimientos penitenciarios como herramienta para cometer delitos como estafas, extorsiones y amenazas, lo que refuerza la necesidad de controles más estrictos en las cárceles.

Impacto social y debate institucional
El hecho también abrió un debate más amplio sobre las condiciones psicológicas y laborales del personal de seguridad, especialmente de jóvenes efectivos que cumplen funciones lejos de sus familias y bajo altos niveles de estrés, como era el caso de Gómez durante su servicio en la custodia presidencial.