Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura rechazaron la baja de imputabilidad: "Son niños muy bonitos, sanos y necesitan ser libres"
Organismos nacionales de derechos humanos expresaron su preocupación por el proyecto de Régimen Penal Juvenil que impulsa la baja de la edad de imputabilidad en Argentina y advirtieron que la iniciativa se aparta de estándares internacionales y podría significar un retroceso en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La declaración conjunta fue emitida por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el Consejo Federal de Mecanismos Locales (CFML) y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco del tratamiento legislativo del proyecto durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
Las entidades cuestionaron que el dictamen haya sido aprobado en las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda sin un debate amplio, informado y basado en evidencia.
Los puntos más críticos del proyecto
Entre los aspectos considerados más preocupantes, los organismos señalaron:
La baja de la edad de responsabilidad penal a los 14 años.
La falta de garantías para que la privación de libertad sea una medida excepcional.
La posibilidad de aplicar penas de hasta 15 años de prisión a adolescentes.
El alojamiento de jóvenes en sectores dentro de unidades penitenciarias, lo que podría vulnerar estándares de protección.
Propuestas alternativas
Si bien reconocieron que el sistema vigente requiere reformas, las instituciones remarcaron que cualquier modificación debe respetar plenamente los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes.
Entre las medidas recomendadas, destacaron:
No reducir la edad de responsabilidad penal.
Crear un sistema juvenil especializado, separado del régimen penal de adultos.
Aplicar los principios de proporcionalidad, razonabilidad y última ratio.
Promover medidas no judiciales y enfoques de justicia restaurativa.
Respaldo internacional y datos estadísticos
Recordaron que tanto el Comité de los Derechos del Niño como el Comité contra la Tortura de la ONU han recomendado mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años.
Además, subrayaron que las estadísticas indican que la participación de adolescentes en delitos es baja, por lo que consideraron que el problema debe abordarse mediante políticas públicas de inclusión, prevención y protección de derechos, en lugar de recurrir a respuestas predominantemente punitivas.
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