Causa “Narcos-Policías”: intento de robo de 9 kilos de cocaína en una quema judicial; la Justicia ratificó la investigación y rechazó nulidades

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la validez de la investigación contra un grupo de policías acusados de intentar sustraer 9 kilos de cocaína durante una quema judicial realizada en diciembre de 2025, y rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas.

La resolución fue ratificada en una audiencia encabezada por la jueza Rocío Alcalá, quien avaló lo dispuesto previamente, el pasado 12 de marzo, por el juez Enrique Jorge Bosch. En aquella instancia, el magistrado había considerado “mal concedidas” las impugnaciones de los defensores, validando las principales pruebas reunidas en la causa.

Durante la audiencia, las defensas insistieron en que la negativa a revisar determinadas decisiones vulnera derechos constitucionales. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el sistema acusatorio establece límites claros sobre qué resoluciones pueden ser recurridas, y advirtió que habilitar revisiones no previstas podría afectar la celeridad del proceso.

Finalmente, la jueza Alcalá concluyó que no existe un perjuicio irreparable para los imputados, ya que los cuestionamientos podrán ser planteados en etapas posteriores, como en la audiencia de control de la acusación o durante el juicio oral. En ese sentido, rechazó los recursos presentados y destacó que se respetaron las garantías procesales.

En paralelo, la Justicia federal también rechazó esta semana los pedidos de prisión domiciliaria de dos de los acusados: el cabo Gustavo Quizama y el cabo Néstor Urne Canteros. Ambos continúan detenidos en dependencias de Gendarmería Nacional.

Por su parte, el subcomisario Andrés Ramírez, el sargento Gustavo Acosta y el cabo primero Juan Almirón Núñez permanecen alojados en distintas unidades, mientras que el oficial principal Lucas Exequiel Martínez es el único que hasta el momento accedió al beneficio de prisión domiciliaria.

Los siete efectivos están imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por su condición de funcionarios públicos, en concurso con el delito de peculado.