Exoneraron a un enfermero del Hospital de Basail tras una condena por abuso sexual
La medida fue dispuesta por el Gobierno provincial luego de que finalizara el sumario administrativo iniciado tras una denuncia presentada por una paciente. El trabajador ya había sido condenado por la Justicia a tres años de prisión condicional por abuso sexual simple.
El Gobierno del Chaco resolvió la exoneración de un enfermero que se desempeñaba en el Hospital de Basail, luego de concluir una investigación administrativa vinculada a una denuncia por abuso sexual realizada por una paciente y tras conocerse la condena penal en su contra.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto N.º 1365/2026, firmado por el gobernador Leandro Zdero, y alcanza a Manuel Pedrozo, quien se desempeñaba como agente de planta permanente del Ministerio de Salud.
De acuerdo con la documentación oficial, las actuaciones comenzaron en marzo de 2024 luego de que una mujer denunciara ante la Justicia haber sido víctima de una conducta de índole sexual durante una atención médica ocurrida en diciembre de 2023.
A partir de la denuncia, las autoridades del Hospital de Basail ordenaron la apertura de un sumario administrativo y dispusieron la suspensión preventiva del trabajador mientras avanzaban las investigaciones.
Durante el proceso administrativo, Pedrozo compareció acompañado por sus abogados defensores, aunque decidió no prestar declaración. En paralelo, se incorporaron al expediente las actuaciones judiciales vinculadas al caso.
Según consta en el decreto, en abril de 2025 la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple. Además, se le impusieron reglas de conducta por un plazo de cuatro años.
El Gobierno provincial señaló que el agente no volvió a cumplir funciones desde que fue suspendido preventivamente y que sus haberes permanecieron retenidos durante el desarrollo del sumario.
Finalmente, tras la intervención de los organismos legales correspondientes y la recomendación de aplicar la máxima sanción administrativa, el Poder Ejecutivo resolvió su exoneración por considerar que su conducta resultó incompatible con las obligaciones y deberes establecidos para los agentes de la administración pública provincial.