La investigación por la desaparición de Axel González continúa avanzando, aunque la Fiscalía resolvió no hacer lugar, por el momento, al pedido de detención ni a la citación a declaración de imputado de los tres funcionarios policiales señalados en la causa.

La decisión fue comunicada en una resolución fechada el 29 de junio de 2026, luego de un planteo presentado por el querellante particular, Dr. Ricardo Ariel Osuna, con el patrocinio de la Dra. Celeste Luz Marina Segovia, quienes habían solicitado la detención y la convocatoria a prestar declaración en calidad de imputados de los efectivos Roberto Omar Barrios, Gerardo Antonello Méndez y Claudio Miguel Tropez.

Según el documento judicial, el Equipo Fiscal explicó que actualmente continúa reuniendo, produciendo y analizando elementos probatorios para determinar con precisión la materialidad de los hechos investigados, la eventual calificación legal y el grado de participación que pudiera corresponder a cada una de las personas involucradas.

No obstante, la resolución aclara que los tres policías ya se encuentran formalmente vinculados a la investigación, cuentan con defensa técnica y que sus teléfonos celulares fueron secuestrados y permanecen bajo peritaje, medidas que forman parte de la recolección de pruebas.

En ese contexto, la Fiscalía consideró que aún no corresponde adoptar las medidas procesales solicitadas, dejando expresamente establecido que la situación podrá ser reevaluada a medida que avance la investigación y se incorporen nuevos elementos de convicción.

Por otra parte, también fue rechazado el pedido para recibir declaración testimonial de Y.  B. R., al considerar que la mujer también se encuentra alcanzada por la investigación, por lo que no puede ser convocada como testigo bajo juramento sin afectar sus garantías constitucionales. La resolución señala además que Romero ya designó abogado defensor, quien interviene en las actuaciones.

La causa por la desaparición de Axel González continúa bajo investigación y, por el momento, la Justicia resolvió mantener las medidas probatorias en curso antes de avanzar con eventuales imputaciones o detenciones.