La Justicia Federal dio un paso clave en la investigación por el presunto fraude al sistema previsional que sacudió a Resistencia. El Juzgado Federal N.º 2 procesó, sin prisión preventiva, a la contadora Mercedes Alicia Strada, acusada de integrar una maniobra destinada a obtener jubilaciones y otros beneficios previsionales mediante documentación presuntamente falsa.

La resolución, firmada por el juez Ricardo Mianovich, sostiene que durante la investigación se reunieron elementos de prueba suficientes para considerar que existió un mecanismo basado en la presentación de declaraciones juradas laborales extemporáneas y presuntamente apócrifas, con el objetivo de acreditar empleos inexistentes y cumplir artificialmente los requisitos exigidos para acceder a prestaciones de ANSES.

Según la causa, la operatoria habría permitido gestionar beneficios previsionales que fueron financiados con recursos del Estado nacional, provocando un perjuicio económico que, de manera preliminar, asciende a varias decenas de millones de pesos.

Para respaldar la medida, el magistrado valoró informes técnicos, verificaciones administrativas, declaraciones de empleadores y trabajadores, documentación secuestrada durante allanamientos y pericias informáticas realizadas a lo largo de la investigación.

La investigación comenzó por controles de ANSES

El expediente se inició luego de que equipos técnicos de la Oficina Regional de ANSES detectaran inconsistencias en distintos trámites jubilatorios. A partir de esas irregularidades se impulsaron verificaciones administrativas que derivaron en una denuncia judicial y en una extensa investigación.

Durante el avance de la causa se realizaron allanamientos y otras medidas de prueba para reconstruir la presunta maniobra y determinar el alcance del fraude.

Embargo millonario

Además del procesamiento, el juez ordenó un embargo sobre bienes de la imputada por 25 millones de pesos, con el objetivo de garantizar un eventual recupero patrimonial en caso de que la causa concluya con una condena.

Desde ANSES destacaron que los mecanismos internos de control permitieron detectar las irregularidades y evitar que recursos destinados a jubilados y beneficiarios legítimos fueran obtenidos de manera fraudulenta.

Si bien el procesamiento representa un avance importante en la investigación, no implica una condena. La causa continuará en las próximas etapas del proceso penal, donde la Justicia deberá determinar si existieron responsabilidades penales y dictar una resolución definitiva.