El principal imputado declaró ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia y rechazó la acusación de integrar una asociación ilícita. Defendió el origen de su patrimonio y aseguró que comenzó a trabajar a los 13 años. También responsabilizó al contador Walter Pasko por el manejo de la documentación de las cooperativas y fundaciones investigadas.

La causa conocida como la de las “facturas truchas” tuvo este lunes una de sus jornadas más relevantes con la declaración de Fernando Adrián Ayala, uno de los principales acusados en el juicio oral que investiga una presunta estructura vinculada con la emisión de facturación apócrifa, delitos tributarios y lavado de activos en Chaco.

Ayala, señalado por la acusación como uno de los presuntos testaferros del dirigente social Tito López, rechazó las imputaciones y negó haber formado parte de una organización destinada a cometer delitos. Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, sostuvo que las cooperativas y fundaciones con las que estuvo vinculado tenían como finalidad generar empleo y acceder a proyectos de obra.

Ayala negó haber integrado una asociación ilícita

El imputado reconoció su participación política y su vínculo con distintas organizaciones sociales, pero afirmó que esas entidades eran utilizadas como una herramienta para conseguir trabajos y desarrollar obras en distintos barrios.

En particular, explicó el funcionamiento de los convenios celebrados con el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Según su versión, los proyectos comenzaban con relevamientos y presentaciones, continuaban con la aprobación de las obras y el otorgamiento de anticipos, y posteriormente se acreditaban los avances mediante fotografías y mediciones.

Ayala aseguró que la parte contable y administrativa de esas operaciones estaba principalmente en manos del contador Walter Pasko.

Duras acusaciones contra Pasko

Uno de los momentos más fuertes de la audiencia se produjo cuando Ayala se refirió a su relación con Pasko. Según declaró, el contador estaba encargado de confeccionar facturas, balances y declaraciones juradas, además de realizar distintos trámites ante organismos estatales.

El acusado sostuvo que Pasko manejaba documentación y realizaba determinadas operaciones administrativas sin consultarle cada movimiento. De esta manera, buscó separar su responsabilidad de las irregularidades contables que son investigadas en el expediente.

En un tramo de su declaración, Ayala expresó: “Pensé en mil maneras de matar a Pasko”, frase con la que intentó describir el enojo que le generó el conflicto y las consecuencias que, según su relato, tuvo aquella relación.

También reconoció que haber aceptado ser socio del contador fue un error y calificó aquella decisión como una “idiotez”.

Defendió el origen de su patrimonio

Otro de los puntos centrales de la declaración estuvo relacionado con sus bienes. Ayala aseguró que comenzó a trabajar a los 13 años y que construyó su patrimonio a partir de años de actividad laboral, ahorro y administración de sus ingresos.

En ese contexto, mencionó distintos vehículos adquiridos durante su vida y explicó particularmente la compra de una Toyota mediante un plan de ahorro en 2023.

También negó que sus emprendimientos personales, entre ellos una peluquería, pudieran ser considerados indicios de una maniobra de lavado de dinero.

La versión de la Fiscalía

La explicación brindada por Ayala contrasta con la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal.

Según la acusación, las cooperativas y fundaciones investigadas habrían sido utilizadas dentro de una estructura destinada a emitir comprobantes apócrifos y canalizar operaciones vinculadas con el lavado de activos.

En ese esquema, la Fiscalía atribuye a Pasko un rol central en la operatoria contable y ubica a Ayala entre los principales responsables de la organización.

El acusado, sin embargo, negó haber dirigido una asociación ilícita y sostuvo que no tenía control directo sobre toda la documentación administrativa de las entidades.

Críticas al proceso y exposición pública

Durante su declaración, Ayala también cuestionó el avance de la investigación y la repercusión mediática que tuvo el caso.

Afirmó haber sufrido una persecución y sostuvo que la exposición pública de las acusaciones tuvo consecuencias sobre su entorno familiar y su vida personal. Según manifestó, fue presentado públicamente como un delincuente antes de que existiera una sentencia.

Además, aseguró que integrantes de su familia recibieron amenazas a raíz de la investigación.

Un juicio que entra en una etapa decisiva

La declaración de Ayala forma parte del juicio oral que busca determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados en la presunta estructura investigada por facturación apócrifa, delitos tributarios y lavado de activos.

Mientras la Fiscalía sostiene que existió una organización coordinada y atribuye distintos roles a los imputados, la defensa de Ayala intenta demostrar que las entidades sociales tenían fines laborales y que las irregularidades contables no estuvieron bajo su control.

El desarrollo de las próximas audiencias será clave para conocer las restantes declaraciones y avanzar hacia la definición de las responsabilidades que podrían corresponder a cada uno de los acusados.