El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, salió al cruce del presunto uso de un vehículo perteneciente al Municipio de General José de San Martín por parte de Aldo Leiva, quien no sería funcionario de esa comuna, y reclamó que se esclarezca el hecho.

Aradas puso el foco en el uso de bienes públicos y planteó la necesidad de determinar bajo qué circunstancias el dirigente habría utilizado el automóvil municipal.

“Es una barbaridad que conduzca un auto municipal sin ser funcionario. Como en cada espacio de poder que les queda, utilizan los bienes públicos sin respetar las leyes, en complicidad padre e hijo”, sostuvo Aradas, en referencia a Aldo Leiva y al intendente de General San Martín, Mauro Leiva.

El titular del Concejo capitalino consideró que, si se confirma que el vehículo fue utilizado de manera irregular, deberán determinarse las responsabilidades correspondientes, tanto de quien habría conducido el automóvil como de quien eventualmente hubiera autorizado su utilización.

“El padre debería recibir una sanción por conducir un vehículo que no le corresponde y el hijo, como intendente, por dárselo. Violentan las leyes permanentemente”, afirmó.

Aradas pidió la intervención de los organismos de control

En la misma línea, Aradas reclamó que los organismos competentes intervengan para determinar si existió una autorización y bajo qué condiciones se produjo el traslado del vehículo.

“El Tribunal de Cuentas y la Justicia deberían actuar de oficio e investigar qué sucedió con ese vehículo municipal”, manifestó.

Finalmente, el dirigente remarcó que los vehículos y demás recursos de un municipio son bienes públicos y pertenecen a la comunidad, por lo que consideró fundamental transparentar su utilización.

“Ese auto no es un recurso de los Leiva. Es patrimonio de los vecinos de General San Martín, y ellos tienen derecho a conocer la verdad sobre cómo administran los bienes municipales”, concluyó Aradas.

De esta manera, el presidente del Concejo de Resistencia instaló el reclamo para que se determine si existió una utilización indebida del vehículo y que, de corresponder, se establezcan las responsabilidades administrativas y legales.