Se está tratando la intervención del municipio de Villa Río Bermejito por casos de corrupción

Los diputados del interbloque Cambiemos: Alejandro Aradas, Carina Batalla, Silvio Corradi, Pablo Curín, Hugo Domínguez, Claudia González, Livio Gutiérrez, Roy Nikisch, Luis Obeid y Carim Peche presentaron un proyecto de ley para decretar la intervención del Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Río Bermejito, en los términos del artículo 203 de la Constitución Provincial, y por causa de ”subversión del régimen municipal”.  

La medida fue propuesta por el término de 90 días, o el menor plazo posible pero suficiente para que el comisionado interventor designado por la Legislatura convoca a elecciones, para lo que tendrá un plazo de 60 días.  

Quien resulte electo, según el proyecto, durará en sus funciones hasta el 10 de diciembre de 2019, fecha en que culmina el mandato del actual intendente: Lorenzo Heffner.  

En los fundamentos, los diputados señalan la crisis institucional desatada por el escándalo de corrupción de la causa denominada Lavado 3, que investiga el destino de los fondos nacionales enviados a la Provincia para la construcción de viviendas sociales para familias indígenas entre 2011 y 2015. 

En ésta están imputados el intendente Heffner y su exsecretario de Gobierno: José Hipperdinger, como jefes de una banda conformada para desviar fondos públicos y apoderarse de ellos para su enriquecimiento personal.  

Además, están involucrados la esposa de Hipperdinger y cuñada de Heffner: la concejal Roxana Giménez, Roxana Giménez, presidente del Concejo Municipal, y sus tres hijos. Y también se investigan a los tres presidentes del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda durante ese lapso: José Valentín Benítez, el gobernador Domingo Peppo y Sebastián Agostini.  

Al intendente y a Hipperdinger se les achacan los delitos de ”lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembros de una banda y funcionario público; negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública, e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.  

La Justicia federal cree que conformaron un entramado de cooperativas, empresas constructoras, y proveedores de materiales de construcción y se constituyeron en adjudicatarios de las licitaciones para la ejecución de obras públicas, principalmente viviendas, buena parte de las cuales ni siquiera se construyó.

FUENTE: hdpnoticias.com.ar