¿DESTITUIRÁN A UNA FISCAL DE SÁENZ PEÑA? La denunciaron por revincular a una nena con sus presuntos abusadores

El abogado Juan Arreguín presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento contra Liliana Lupi, Fiscal de Investigaciones Nº 1 de Sáenz Peña, acusándola de actos presumiblemente delictivos en calidad de autora y de incumplimiento de sus deberes funcionales. La denuncia se centra en la decisión de la fiscal de revincular a una niña con su madre y su pareja, quienes fueron denunciados por abuso sexual.

El caso se originó el 8 de agosto de 2023, cuando la abuela paterna de una niña de seis años presentó una denuncia alegando que la menor había sido víctima de abuso sexual por parte de la pareja de su madre. En respuesta, se inició un expediente y se tomaron declaraciones de la denunciante y del padre de la niña. Posteriormente, se realizaron las declaraciones de la madre y de la niña en Cámara Gesell en septiembre de 2023.

El 5 de diciembre de 2023, se ordenó la detención de la madre y su pareja por presunto abuso sexual con acceso carnal. Ambos fueron citados a declarar como imputados, pero optaron por abstenerse de declarar.

El 13 de marzo de 2024, la fiscal Lupi dictó una resolución para revincular a la menor con su madre, pese a que la situación de la investigación no había cambiado. Arreguín sostiene que esta resolución es constitutiva de delito, argumentando que Lupi dictó resoluciones "contrarias a la ley" y no cumplió con sus obligaciones, configurando el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La medida de revinculación generó inquietud y desconfianza en los mandantes de Arreguín, ya que puso en riesgo a la menor al obligarla a estar en contacto con su madre, quien seguía imputada. La situación se agravó cuando el querellante particular presentó su renuncia indeclinable el 19 de marzo de 2024, dejándolos sin representación legal.

En la denuncia presentada por Arreguín, se alega que en marzo de 2024, se ordenó que la menor fuera llevada al domicilio de su madre por su progenitor, sin la compañía de ninguna otra persona del entorno familiar, a pesar de la imputación vigente. Además, el abogado afirmó que tuvo acceso limitado al expediente en solo dos ocasiones, lo que dificultó su labor.

El 24 de mayo de 2024, la fiscal Lupi solicitó al Juzgado de Garantía el sobreseimiento de la madre y su pareja, revocando la prohibición de acercamiento que estaba vigente. Según Arreguín, esta decisión debería haber sido manejada por los Juzgados de Niñez, Adolescencia y Familia, quienes poseen la especialidad necesaria para abordar estos casos.

Arreguín finalizó su denuncia argumentando que el comportamiento de la fiscal favoreció a los imputados, constituyendo un caso de "violencia institucional" contra la menor y su familia paterna. La apelación contra la medida de restitución se basa en la supuesta violación de competencias de la Fiscalía y en la contravención de disposiciones del Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia.