Jacinto Sampayo, condenado por propiciar “obtener recursos públicos mediante licitaciones manipuladas” y utilizar testaferros

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El Tribunal Oral Federal concluyó, entre otras cosas, en que "Jacinto Amaro Sampayo desplegó acciones fundamentalmente encaminadas a que las ilícitas ganancias que recibió, tuvieran curso y efecto para acrecentar su situación patrimonial".

El Tribunal Oral Federal de Resistencia informó sobre los fundamentos de la sentencia a Jacinyo Sampayo como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos con una pena de  3 años y seis meses de prisión.

 

En el documento judicial  señala que el delito de lavado de activos comenzó a tomar forma con el allanamiento de las oficinas de TECMASA S.A. el 10 de mayo de 2013.

 Durante la pesquisa, se encontró una nota dirigida a Sampayo por Luis Guillermo Escobar, presidente de la firma, solicitándole una certificación de trabajo para un empleado afectado a la recolección de residuos, algo que le correspondería a la Dirección de Personal del Ejecutivo municipal. Este hallazgo demostró el grado de influencia de Sampayo, quien, aunque su posición jerárquica podría haberle permitido realizar dicha diligencia, lo relevante es que era visto como un acceso directo al municipio para obtener certificaciones laborales y otras ventajas.

El TOF destacó que la relación de Sampayo con empresas como TECMASA S.A., COYREL S.A., e INVERSORA NACRIS, era indicativa de un tejido organizacional orientado a obtener recursos públicos mediante licitaciones manipuladas. Luis Guillermo Escobar y Huidobro, director administrativo de Parques y Paseos, fueron identificados como piezas clave en este entramado. La relación cercana entre Huidobro y Sampayo permitió a TECMASA S.A. y otras empresas "obtener información privilegiada y anticipada sobre las licitaciones", facilitando el armado de situaciones "acomodadas e irregulares".

"En lo que en buen romance significaba un manejo sin ataduras, cuestionamientos ni exposición, Sampayo le señaló a Huidobro la conveniencia de renunciar a la municipalidad y eso ocurrió antes de que se precipitara el trámite de la licitación 10/14", citó el tribunal en su sentencia para ejemplificar el estrecho vínculo entre los condenados.

Uno de los actos más evidentes de lavado de activos para la Justicia Federal fue la compra del vehículo MD RAM MODELO 002, 2500 6.7 L. LARAMIE 4x4, adquirido por COYREL S.A. pero utilizado permanentemente por Sampayo y su esposa, Mónica Centurión . La documentación secuestrada en el Sindicato de Empleados Municipales de Resistencia reveló que el sindicato pagaba los impuestos de este y otros vehículos pertenecientes a COYREL S.A., indicando claramente que Sampayo era el verdadero dueño. "Que Sampayo al frente del sindicato pagara los impuestos de un vehículo de COYREL SA posibilita una sola lectura, el automotor era suyo y Huidobro hizo las veces de testaferro a través de la empresa", puntualiza el fallo.

 

 

Además, se señaló diversas operaciones inmobiliarias y adquisiciones de vehículos que no se correspondían con los ingresos declarados por Sampayo. Entre ellas, la compra de una unidad funcional en Resistencia en junio de 2017 por $ 136.000 y la adquisición de una pick-up AMAROK DC V6 EXTREM 3 OLTDI 4x4 en agosto de 2017. También se encontraron 2.192 dólares y $ 8.000 en cajas de seguridad a nombre de Sampayo, reforzando la hipótesis de lavado de activos.

 

La sentencia también menciona la venta de un terreno ubicado en Avda. Soberanía Nacional Nº 36 a TECMASA S.A., operación realizada pocos meses antes de hacerse pública la licitación 10/14, lo que evidenció que Sampayo y sus socios conocían de antemano los requisitos del pliego. Esta venta fue uno de los aportes que Sampayo, Huidobro y Martínez materializaron en PIMP S.A., "empresa creada para canalizar fondos ilícitos".

"Jacinto Amaro Sampayo desplegó acciones fundamentalmente encaminadas a que las ilícitas ganancias que recibió, tuvieran curso y efecto para acrecentar su situación patrimonial",  concluyó el tribunal.

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