El legislador opinó que el IAFEP detectó un importante patrimonio de supuestos emprendimientos sociales (tierras e infraestructura de valor) que, no coincide con los proyectos, tampoco los ingresos declarados en lo investigado y responden a maniobras fraudulentas. "Básicamente, se los investiga por enriquecerse individualmente a partir de la explotación de propiedades que les cedió el Estado a dirigentes sociales para proyectos productivos".
Por otra parte, la justicia federal intervino en al menos cinco mil hectáreas ocupadas por un dirigente, las cuales el ex instituto de colonización le habría entregado a esta persona en la gestión de Capitanich.
Vargas sostuvo: "Pensemos que si estás tierras volvieran al Estado y este mismo las distribuye con metas directas, sólidas y abocadas a tareas de ayuda a la comunidad, donde se inviertan en la sociedad, se adjudiquen para fuentes de trabajo y con ello "creación de centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones en todas sus variantes, Centros deportivos de alto rendimiento potenciando el deporte, centros de equinoterapia para niños con discapacidades", centros integradores comunitarios u otras entidades que sean de utilidad pública para el pueblo del Chaco."
"Hay una oportunidad muy grande de comenzar a cambiar el destino de esas tierras e infraestructuras siguiendo la línea de actos productivos" para dar comienzo con la real ayuda a los verdaderos sujeto de la producción, lo que traerá innumerables beneficios a los chaqueños.