INCREIBLE: "El Comité para la Prevención de la Tortura" busca frenar la quita de teléfonos a presos en cárceles chaqueñas, dicen que los presos sin celular van a sufrir de dolor y angustia

La Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, junto al Comité para la Prevención de la Tortura, han impulsado una acción legal para detener la medida del Gobierno provincial que busca confiscar los teléfonos celulares de los detenidos en las cárceles de Chaco. Esta acción se basa en una ley aprobada el año pasado, que se argumenta fue implementada para reducir las estafas y extorsiones que se realizan desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Ante esta situación, se presentó un hábeas corpus colectivo y correctivo ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, solicitando no solo la suspensión de la medida, sino también la declaración de "inconstitucionalidad" de la ley que la sustenta. La defensora adjunta y la titular del Comité han firmado la presentación, que ya ha sido comunicada oficialmente a las autoridades del Poder Ejecutivo, la Fiscalía de Estado y la Legislatura.

El STJ ahora tiene la responsabilidad de decidir sobre la concesión del hábeas corpus y la posible inconstitucionalidad de la ley que regula la eliminación de los teléfonos celulares en las celdas. Hasta el momento, las comunicaciones de los internos están garantizadas a través de teléfonos fijos y la posibilidad de solicitar un celular a la autoridad de la unidad penitenciaria.

La ley que justifica esta medida se fundamenta en estadísticas que indican que la mayoría de las estafas telefónicas y maniobras extorsivas provienen de teléfonos celulares en los calabozos. No obstante, la Defensoría General y el Comité han argumentado que la eliminación de estos dispositivos genera un "aislamiento" de los detenidos, lo que consideran un acto de crueldad.

Mientras se espera una resolución del STJ, se recuerda que este sábado por la noche finaliza el plazo para que los detenidos entreguen voluntariamente sus teléfonos. Las requisas para asegurar que no queden dispositivos en manos de los internos están programadas para el lunes, justo después del día de visita familiar del domingo.

Esta situación plantea un dilema entre la seguridad pública y los derechos humanos de las personas privadas de libertad, un tema que continúa generando debate en la sociedad.