Escándalo de Corrupción: Los piqueteros detenidos manejaban 622 becas por $523 millones anuales, según revelaciones de Gyöker

Cuatro dirigentes sociales han sido detenidos en el marco de una investigación por lavado de activos que lleva adelante el fiscal Federal, Patricio Sabadini. Los implicados, Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales, son acusados de estar involucrados en un esquema de corrupción que ha desviado millones de pesos destinados a programas sociales.

El diputado provincial del oficialismo, Iván Gyöker, ha sido una de las voces más críticas, utilizando su cuenta de X para expresar su indignación y arrojar luz sobre la magnitud de la situación. En sus declaraciones, Gyöker destacó que estos dirigentes manejaban un total de 622 becas a través de sus fundaciones y cooperativas, lo que equivalía a un descomunal monto de $ 523 millones anuales. "Estos individuos actuaban como intermediarios, decidiendo quién cobraba y quién no. Eran los verdaderos 'gerentes de la pobreza' durante la gestión de Jorge Capitanich", afirmó el legislador.

La investigación ha revelado que tres de los detenidos tenían un historial alarmante, acumulando 38 denuncias en el Ministerio de Desarrollo Social. Estas denuncias incluían acusaciones de extorsión, como la exigencia de que los beneficiarios cortaran rutas o realizaran tareas domésticas a cambio de recibir los beneficios sociales. Gyöker ha calificado esta situación como "un indignante dato oscuro", señalando que el dinero destinado a la ayuda social era desviado en beneficio personal de estos dirigentes.

Además, el diputado reveló que, a pesar de recibir fondos para la construcción de viviendas, los detenidos no cumplían con sus obligaciones, dejando a muchas familias desamparadas. "El dinero que se les asignaba para planes sociales estaba siendo mal utilizado, y la corrupción ha dejado a muchos en la pobreza", enfatizó Gyöker.

La serie de allanamientos que se llevaron a cabo en el marco de esta causa pone de manifiesto la gravedad de la situación y la necesidad urgente de una mayor transparencia y control en la administración de los programas sociales.