La Justicia ordenó clases virtuales para estudiantes acusados de hostigar a una compañera

El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Niñez, Adolescencia y de Paz de Paso de la Patria, en la provincia de Corrientes, resolvió aplicar una medida cautelar en favor de una joven de 17 años que denunció ser víctima de acoso reiterado por parte de varios compañeros de su escuela.

La decisión fue tomada por el juez Hugo Alejandro Sánchez Martínez, quien evaluó los testimonios, junto con capturas de pantalla de mensajes y audios presentados como evidencia. Tras analizar el material, consideró que existía una situación de hostigamiento sistemático que requería una intervención urgente por parte del Poder Judicial.

“El conjunto probatorio, aunque limitado, resulta suficiente para acreditar una posible situación de acoso escolar, que justifica la implementación de medidas para detener las acciones agresivas y garantizar la integridad psicofísica de la adolescente afectada”, señaló el magistrado en su resolución.

CLASES A DISTANCIA Y RESTRICCIÓN DE CONTACTO

Como parte de las medidas adoptadas, se ordenó que tres de los estudiantes involucrados continúen sus estudios de forma virtual por un período de 90 días. Además, se dispuso la prohibición absoluta de contacto con la víctima, ya sea de manera presencial, a través de redes sociales o por cualquier medio digital.

El juez también destacó que las agresiones trascendieron el ámbito escolar, extendiéndose al entorno digital mediante redes sociales, lo que configura una forma de ciberacoso.

En su análisis, el magistrado aclaró que este tipo de situaciones no deben confundirse con un conflicto aislado, ya que el bullying se caracteriza por la reiteración de conductas agresivas y un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima.

“El acoso implica una conducta reiterada de burlas o agresiones, que tiende a intensificarse progresivamente y que puede derivar en la exclusión social de la víctima o incluso en lo que se conoce como una ‘muerte civil’”, expresó el juez Sánchez Martínez.

ADVERTENCIAS Y MONITOREO

La resolución fue comunicada a las autoridades del establecimiento educativo para que implementen las acciones necesarias. Asimismo, se notificó a los estudiantes implicados, a sus tutores y responsables legales, advirtiéndoles que el incumplimiento de la orden judicial podría constituir un delito penal.

El juzgado dejó abierta la posibilidad de dictar nuevas medidas en caso de que surjan más pruebas o que la situación evolucione.