"La jefecita", amiga de Capitanich, será indagada por entregar tierras fiscales a El Piquetero Tito López y su familia

La Justicia Federal investiga una controversial operación de cesión de tierras fiscales en la provincia de Chaco, que habría beneficiado a un reconocido piquetero vinculado al empresario y dirigente social Ramón "Tito" López y su familia. La causa, que avanza en medio de acusaciones de irregularidades y favoritismos, apunta a que las tierras del Estado fueron entregadas sin los trámites correspondientes, en un esquema que genera malestar y sospechas de clientelismo.

El juez federal Ricardo Mianovich citó a indagatoria a varias exautoridades del Instituto de Colonización, hoy convertido en Instituto de Tierras, para que expliquen cómo se realizaron estas adjudicaciones. Entre los citados figuran la exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Marta Soneira, así como Walter Hugo Ferreyra, Raúl John Paris y Cynthia Noemí Kaplan, quienes deberán declarar en las próximas semanas por videoconferencia.

Lo que más alarma en la comunidad y en la oposición es que, entre los beneficiarios aparece un piquetero reconocido por su activa participación en movimientos sociales vinculados a López. La entrega de tierras, que según las investigaciones no cumplió con los requisitos legales, habría sido utilizada como una forma de consolidar su apoyo político y social, en un contexto donde la familia López mantiene fuerte influencia en la región.

El fiscal Patricio Sabadini sostiene que las adjudicaciones se realizaron sin respetar las condiciones establecidas para la ocupación y uso de los predios estatales, y que en muchos casos, las tierras fueron entregadas a personas que, como el mencionado piquetero, no cumplían con los requisitos. Además, se sospecha que estas operaciones habrían estado acompañadas de irregularidades en los procesos administrativos, favoreciendo a ciertos beneficiarios en perjuicio del patrimonio público.

La acusación 

El Ministerio Público presume la comisión del delito de "fraude a la administración pública" por parte de los empresarios Walter Emanuel Brua y Diego Hernán Brua, quienes suscribieron con López un contrato de leasing por las tierras en cuestión. Ambos empresarios de Charata se encuentran procesados pero en libertad.

El fiscal sospecha que se transgredió la normativa sobre tierras fiscales, que obliga a los adjudicatarios a utilizarlas para emprendimientos productivos y prohíbe realizar con ellas operaciones inmobiliarias privadas.

En cuanto a Soneira y demás exfuncionarios, el fiscal sostiene que cometieron fraude contra la administración pública y una presunta violación de los deberes de funcionario público. Los hechos, acusa Sabadini, conformaron los "delitos precedentes" que luego dieron lugar, al menos en parte, al lavado de activos agravado por el cual están presos López y su familia