El Superior Tribunal de Justicia del Chaco ordena mejorar el uso de celulares en las cárceles chaqueñas

En una resolución histórica, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco dictaminó que las cárceles de la provincia deben optimizar el sistema de uso de teléfonos celulares, garantizando el derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad. La decisión fue adoptada por mayoría y representa un importante avance en la protección de derechos humanos en el ámbito penitenciario.

La resolución surge tras aceptar parcialmente un habeas corpus presentado por la Defensora General Adjunta y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. En la sentencia 183/25, el STJ declaró inconstitucional el artículo 2 de la ley 4033-J, que establecía el bloqueo total y permanente de señales en los establecimientos penitenciarios. La mayoría de los jueces consideró que esta medida, que prohibía todo uso de celulares, contradecía el espíritu de una normativa que busca regular su uso con criterios de seguridad y derechos humanos.

El fallo fue firmado por los jueces Iride Isabel María Grillo, Víctor Del Río y Enrique Varela, mientras que el ministro Alberto Mario Modi expresó su disidencia, argumentando que la cuestión debía ser abordada por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Resistencia.

Los magistrados destacaron que el derecho a la comunicación es fundamental y que la prohibición total y permanente viola derechos humanos esenciales. Además, señalaron que el sistema actual presenta graves falencias estructurales, como falta de organización, recursos insuficientes y una distribución de dispositivos que depende de la voluntad del personal penitenciario, generando desigualdades en el acceso, especialmente para mujeres y personas de diversidades.

El Tribunal exhortó a las autoridades a implementar un nuevo régimen regulatorio que garantice un acceso ordenado, seguro y equitativo a la comunicación, en línea con siete recomendaciones clave. La decisión busca equilibrar la seguridad institucional con los derechos de quienes están en prisión, promoviendo un sistema más justo y respetuoso de los derechos humanos.

Esta resolución marca un paso importante hacia la protección integral de las personas privadas de libertad y la promoción de sus derechos en el contexto penitenciario chaqueño.