La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, no por una declaración política, sino por su insistencia en no aceptar las condiciones de su condena. A través de sus abogados, Cristina presentó un reclamo formal para que no se le impongan restricciones en las visitas que puede recibir en su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria.
En una presentación realizada ante el Tribunal Oral Federal 2, su defensa exigió revocar el punto de la resolución judicial que limita las visitas únicamente a médicos, abogados, custodios y familiares. Según el planteo, Cristina lleva una “vida social activa” que incluye reuniones frecuentes con dirigentes políticos y otras personas que, según ella, son parte de su cotidianeidad.
Su abogado, Alberto Beraldi, sostuvo que quienes cumplen una condena en un domicilio particular “pueden desarrollar todas las actividades que no estén prohibidas por la ley”, amparándose en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y agregó que la exmandataria “no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos”.
La defensa también presentó un listado de carácter reservado con los nombres de las personas que desea que puedan ingresar a su departamento de la calle San José 1111, justo al filo del plazo impuesto por el tribunal.
¿Cristina no entiende que está cumpliendo una condena?
Resulta cuanto menos llamativo –por no decir preocupante– que la ex presidenta siga actuando como si estuviera por encima de las reglas. El régimen de prisión domiciliaria es una forma de cumplimiento de una condena penal, no una licencia social para mantener el ritmo de vida habitual como si no estuviera condenada por corrupción.
Más allá del discurso jurídico de sus abogados, la realidad es que Cristina Fernández fue condenada e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Está presa. Y aunque lo haga desde su casa, esa privación de libertad impone límites. Pedir visitas sin restricciones no solo va contra el espíritu de la sentencia, sino que además refleja una desconexión con el alcance real de su situación judicial.
La sociedad argentina asiste, una vez más, al espectáculo de una dirigente que se resiste a aceptar las consecuencias de sus actos. La Justicia deberá decidir si permite que la prisión domiciliaria se convierta en una especie de residencia VIP sin controles, o si, como corresponde, impone límites claros que hagan valer la ley.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 le dio 10 días hábiles para pagar. Si no cumple, se iniciará la ejecución de sus bienes y los del resto de los condenados.
El Senado avanzó con la aprobación del aumento a las jubilaciones y se encamina a declarar la Emergencia en Discapacidad, mientras desde el Ejecutivo manifestaron un fuerte rechazo a la sesión.
El diputado cuestiona el rumbo del sistema judicial y la representación de la sociedad en decisiones clave.
Pablo González, de 27 años, perdió la vida en la madrugada del domingo tras ser apuñalado a la salida de un bar ubicado sobre avenida Nicolás Rojas Acosta, en la ciudad de Resistencia.
La víctima falleció desangrada tras el violento ataque, que tuvo lugar en General Roca, provincia de Río Negro. Los autores del crimen permanecen prófugos.
