Concedieron arresto domiciliario al jubilado chaqueño imputado por amenazas a Milei

Después de estar casi diez días detenido en condiciones deficientes, D.R.V., el jubilado chaqueño acusado de amenazar al presidente Javier Milei y a otras figuras públicas mediante redes sociales, obtuvo el beneficio del arresto domiciliario. La decisión se tomó el viernes pasado por el magistrado Ariel Lijo, en cumplimiento de una resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi rechazaron la solicitud de excarcelación presentada por la defensa del acusado, representada por el abogado Ignacio Funes Peralta. Sin embargo, accedieron a flexibilizar su situación procesal, determinando que cumpla la detención en su residencia particular en Resistencia.

Como parte de las restricciones impuestas, la Justicia ordenó la retención del pasaporte del imputado, prohibió su salida del país y dispuso la colocación de un dispositivo electrónico para monitorear su ubicación en forma permanente.

Cabe mencionar que D.R.V. fue detenido el 2 de julio durante un operativo llevado a cabo por la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según fuentes judiciales, desde una cuenta en redes sociales bajo el alias "Elpidio Sánchez" habría difundido amenazas contra el presidente Milei, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y periodistas afines al oficialismo.

En el allanamiento a su domicilio, las autoridades secuestraron una carabina calibre .22 y cuatro armas de aire comprimido.

Durante los primeros días de su detención, estuvo alojado en condiciones precarias en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, sin acceso a elementos básicos de higiene ni asistencia legal adecuada, y con la amenaza de ser trasladado a Buenos Aires. Ante esta situación, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus correctivo ante la jueza federal Zunilda Niremperger. La magistrada hizo lugar al reclamo y ordenó garantizar condiciones mínimas de detención: cama y colchón, atención médica adecuada por su hipertensión crónica, contacto irrestricto con su abogado y protección frente a los medios de comunicación.

Tras esa resolución, el imputado fue trasladado a la sede de la Policía Federal en el centro de Resistencia, donde sus condiciones mejoraron considerablemente. Finalmente, el viernes fue escoltado hasta su domicilio por agentes policiales para comenzar a cumplir con el arresto domiciliario.

No obstante, su familia denunció que no se les entregó una copia de la resolución judicial, generando dudas sobre el alcance de las restricciones y el efectivo cumplimiento de la medida.