Causa Nisman: convocaron a declarar a 90 militares vinculados a Inteligencia

Por disposición del fiscal Eduardo Taiano, cerca de 90 integrantes de las Fuerzas Armadas deberán prestar declaración en el marco de la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, hecho que la Cámara Federal ya calificó como homicidio. Los citados revistaron en el área de Inteligencia durante la gestión kirchnerista, período en el que César Milani estaba al frente del Ejército Argentino.

La medida fue adoptada tras la remisión de datos por parte del Ministerio de Defensa, que proporcionó detalles del personal que operaba bajo la órbita de Milani. El objetivo principal es interrogar a quienes cumplían funciones como Personal Civil de Inteligencia (PCI). Según informaron fuentes cercanas a la investigación a La Nación, se intenta esclarecer posibles conexiones entre militares, espías y figuras cercanas al gobierno de Cristina Kirchner, quienes podrían estar vinculados, directa o indirectamente, con la muerte del fiscal.

Las sospechas se basan en ciertos movimientos y conductas previas al fallecimiento de Nisman, ocurrido el 18 de enero de 2015, y en maniobras posteriores que podrían haber alterado la escena del crimen durante la madrugada del día siguiente. Se presume que hubo manipulación indebida de evidencia, lo que refuerza la hipótesis de una intencionalidad encubierta detrás de esos actos.

Para el fiscal Taiano, los hechos sucedieron en el marco de un período especialmente convulsionado, caracterizado por una “guerra de espías” entre sectores enfrentados del aparato de inteligencia. Las autoridades también confirmaron la existencia de comunicaciones entre agentes de inteligencia durante la mañana del domingo 18, cuando aún no se había confirmado públicamente la muerte del fiscal. Se mencionan dos facciones que actuaban en simultáneo y que respondían a dos figuras rivales: Antonio “Jaime” Stiuso y Fernando Pocino.

El dato que más alimenta las sospechas es que Nisman fue hallado muerto apenas cuatro días después de haber denunciado públicamente a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA a través del pacto con Irán, con el fin —según su acusación— de garantizar impunidad a los acusados.

Actualmente, la causa se encuentra bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano, quien conduce la investigación por delegación del juez Julián Ercolini. En el expediente hay un procesado con gran repercusión mediática en su momento: Diego Lagomarsino, técnico informático y última persona que admitió haberle entregado el arma a Nisman. Además, permanecen procesados cuatro policías que cumplían tareas como custodios del fiscal en el momento de su muerte.