Una herramienta para fortalecer la transparencia, proteger derechos y prevenir la violencia institucional.
En línea con los principios de modernización, transparencia y profesionalización del sistema de seguridad, el diputado provincial Samuel Vargas presentó el proyecto de ley “Cámaras Corporales para la Policía del Chaco”, que propone la creación de un programa destinado a dotar al personal policial de dispositivos de videograbación. El objetivo: proteger tanto a la ciudadanía como a los propios agentes y mejorar la calidad institucional de las fuerzas de seguridad.
El proyecto establece la incorporación obligatoria de cámaras corporales para todo el personal policial que cumpla tareas operativas o de contacto directo con la ciudadanía, ya sea en funciones preventivas, patrullajes, detenciones, allanamientos u otras intervenciones. Las cámaras deberán contar con resolución HD, grabación continua, geolocalización, protección criptográfica y conectividad segura para almacenar los registros en servidores oficiales del Ministerio de Seguridad Pública.
Cabe aclarar, que el proyecto ya fue analizado por Rodrigo Zalazar Hurt, Presidente del Comité de Prevención contra la Violencia Institucional, quien destacó el potencial de esta herramienta que permitirá promover mejores prácticas en el accionar policial.
🔹 Protocolos claros y control estricto
Los agentes deberán activar las cámaras al iniciar su turno y durante toda interacción relevante con ciudadanos. La manipulación indebida o el apagado injustificado de los dispositivos será considerada falta grave.
El proyecto prevé la incorporación de un módulo específico en el Ministerio de Seguridad Pública, centrado en el uso responsable de cámaras, la normativa de protección de datos y el análisis técnico-jurídico de videoregistros.
🔹 Una herramienta que protege a todos
“El espíritu de este proyecto no es punitivo ni inquisitivo, sino profundamente democrático”, expresó el diputado Vargas. “Buscamos consolidar una fuerza policial respetada y protegida, y al mismo tiempo, una ciudadanía segura, confiada y libre de arbitrariedades”.
Este proyecto es una herramienta jurídica, técnica y ética, construida desde el consenso, la evidencia empírica y el compromiso con los derechos humanos. No busca vigilar, sino garantizar, prevenir y proteger.
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