La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas del exgobernador Jorge Capitanich, la exministra de Ambiente Marta Soneira y otros imputados, y ratificó el requerimiento de instrucción fiscal en la causa que investiga presuntas maniobras con tierras fiscales, lavado de dinero y malversación de fondos públicos.
La resolución, firmada por las juezas Patricia García y Rocío Alcalá, confirmó que el pedido realizado por el fiscal federal Carlos Amad reúne las condiciones legales para avanzar con la etapa de instrucción, al detallar “con especial precisión las conductas atribuidas” que podrían encuadrar en delitos como fraude a la administración pública, lavado de activos agravado, malversación, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
Argumentos rechazados
Las defensas habían cuestionado el proceso, señalando una “descripción imprecisa de los hechos”, “apreciaciones sesgadas” y la supuesta vulneración del principio non bis in idem. En el caso de Capitanich, se objetó su rol en la firma de decretos que adjudicaron tierras; mientras que a Soneira se la apunta por supuestamente favorecer a su pareja mediante intermediarios.
Los abogados de los acusados también sostuvieron que las imputaciones carecen de pruebas sólidas y que el proceso tiene motivaciones políticas, además de señalar que se analizan hechos previamente evaluados en otras instancias. Sin embargo, el Tribunal entendió que no se verifican violaciones a garantías constitucionales ni defectos que invaliden el procedimiento.
En el fallo se aclara que “la calificación legal atribuida es provisoria y puede ser modificada” y se recuerda que la indagatoria constituye el primer paso para que los imputados ejerzan su derecho de defensa, sin implicar una presunción de culpabilidad.
La causa
Con esta decisión, la investigación continuará contra Capitanich, Soneira, Mauricio Ariel Cian, Leandro Nicolás Bessone, Federico Storti y Nelson Ariel Pochón, señalados como presuntos integrantes de una red que habría manipulado la adjudicación de tierras fiscales para beneficiar a allegados políticos y empresarios vinculados.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por la Fundación Vida Silvestre y también abarca hechos relacionados con el régimen de promoción industrial en la provincia entre los años 2019 y 2023.
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Redactor
POLITICA07 de diciembre de 2025
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