Caso YPF: Estados Unidos definirá mañana si Argentina debe ceder el 51% de las acciones

El próximo martes 12 de agosto, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dará a conocer un fallo clave para el futuro de YPF y las finanzas nacionales: decidirá si Argentina debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos Burford Capital y Eton Park, en el marco del litigio por la expropiación de la empresa en 2012.

La resolución está vinculada con la sentencia de la jueza Loretta Preska, quien en septiembre de 2023 dispuso que el país pague una compensación de 16.100 millones de dólares más intereses. Aunque Argentina apeló esa decisión, no presentó garantías financieras para frenar posibles embargos, algo habitual en la justicia estadounidense.

El dictamen que se conocerá mañana determinará si continúa vigente la suspensión de la transferencia de acciones mientras avanzan las apelaciones, o si se exige una caución económica para mantener ese beneficio. Actualmente, el país enfrenta dos procesos paralelos: uno contra la sentencia millonaria y otro sobre la orden de entrega de las acciones.

Según el cronograma judicial, el primer escrito de defensa sobre la transferencia de títulos se presentará el 25 de septiembre, y la audiencia por la apelación principal se llevará a cabo en la semana del 27 de octubre.

Para especialistas, la definición del martes es determinante. “Es una decisión administrativa muy relevante para todos los argentinos porque, si el fallo es adverso, la única instancia que quedaría sería la Corte Suprema”, explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, quien también señaló la opción de ofrecer otros activos en lugar de las acciones.

No obstante, cumplir con la medida presenta un obstáculo legal: la ley argentina de expropiación de YPF impide transferir las acciones sin la aprobación del Congreso.

En este sentido, Juan Ignacio Carranza, de Aurora Macro Strategies, minimizó los efectos inmediatos: “Los tribunales de EE.UU. no tienen herramientas para obligar a entregar acciones bajo jurisdicción extranjera. El incumplimiento afectaría la imagen del país y su regreso a los mercados, pero no tendría consecuencias legales directas”.

La resolución judicial de este martes representará un nuevo capítulo en la larga disputa por la estatización de la principal compañía energética del país, en un contexto político y económico especialmente delicado para la Argentina.