Cristina Fernández de Kirchner y los otros ocho sentenciados en la causa Vialidad no cumplieron con el decomiso de US$ 537 millones ordenado por el Tribunal Oral Federal N.° 2 como compensación por los hechos de corrupción acreditados en el expediente. Con este incumplimiento, el juez Jorge Gorini queda habilitado para iniciar la ejecución de bienes. La ex presidenta, en paralelo, solicitó frenar esta instancia y cuestionó el cálculo oficial del monto reclamado.
La causa Vialidad acreditó un esquema que, según el fallo, usó recursos del Estado “para beneficio personal”, direccionando 51 licitaciones hacia empresas del grupo de Lázaro Báez. Además de Kirchner, figuran entre los condenados Báez, Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.
Ante la falta de pago, la Justicia avanzará sobre los bienes embargados para cubrir la suma fijada. Gorini también dispuso ampliar las medidas cautelares y actualizar los valores de las propiedades e inmuebles, con el objetivo de alcanzar los $ 684.990.350.139,86 equivalentes al decomiso.
Antes de que venciera el plazo, Fernández de Kirchner presentó un escrito solicitando suspender la ejecución patrimonial. Argumentó que el monto es erróneo —y que, según su perito, no superaría los $ 42.000 millones— y sostuvo que su patrimonio, que considera legítimo, no proviene de la maniobra investigada, por lo que no correspondería incluirlo en el decomiso. Será el Tribunal quien determine si otorga el efecto suspensivo y, posteriormente, la Cámara de Casación resolverá en última instancia.
La ex mandataria declaró un patrimonio de $ 250 millones y no cuenta con propiedades ni acciones en hoteles o inmobiliarias familiares, ya que en 2016 transfirió en partes iguales sus bienes a Máximo y Florencia Kirchner. Ese conjunto incluye 25 inmuebles, tres empresas (Hotesur, Los Sauces y Co.Ma.) y depósitos en dólares originados en plazos fijos heredados tras la sucesión de Néstor Kirchner.
Fuentes judiciales indicaron que para que un bien sea susceptible de decomiso debe estar libre de gravámenes y contar con titularidad válida. Algunos juristas sostienen que los bienes donados a sus hijos ya no podrían ser alcanzados, mientras que otros consideran que “al menos el 50%” podría ser ejecutado por tratarse de una donación gratuita realizada antes de las medidas cautelares, lo que la convertiría en un “título imperfecto” habilitante para el decomiso.
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