Un informe privado revela cifras sorprendentes sobre la entrega de pensiones por invalidez en el Chaco, que hoy se encuentra bajo la lupa de una auditoría nacional. La provincia registra 86 pensiones cada mil habitantes, un número descomunal si se lo compara con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde apenas llegan a 8.
El dato surge de un estudio realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo atravesado por sospechas de corrupción tras la difusión de los polémicos audios atribuidos a su exdirector, Diego Spagnuolo, que hablaban de presuntas coimas.
El documento advierte: “Existen fuertes evidencias de que gran parte de las pensiones no contributivas por invalidez fueron otorgadas de manera irregular. No obstante, por errores en las auditorías también se están dando bajas equivocadas”.
Lo increíble es que Chaco no solo supera por 10 a CABA, sino que además duplica a provincias vecinas con características socioeconómicas similares. A esto se suma que en distritos como Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero y La Rioja existen más pensiones por invalidez que Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), lo que desnuda un esquema de otorgamientos que difícilmente pueda justificarse sin pensar en maniobras clientelares.
Mientras el promedio nacional se ubica en 25 pensiones cada mil habitantes, en Chaco la cifra trepa a 86. “Que existan semejantes diferencias entre provincias e inconsistencias entre pensiones y CUD muestra que los mecanismos fueron totalmente permeables a las irregularidades”, indica el informe.
Las provincias con menos beneficiarios en relación a su población son Chubut (15), Santa Cruz (14), Santa Fe (13), CABA (8) y Tierra del Fuego (7).
Finalmente, el estudio concluye: “Ante indicios tan contundentes de ilegalidad, resulta indispensable avanzar con un plan de auditoría para limpiar el padrón y garantizar que los recursos lleguen a las personas con discapacidad que realmente lo necesitan”.
Este escenario, que se consolidó durante la gestión de Jorge Capitanich, expone una de las facetas más graves de la administración provincial: el uso discrecional de recursos destinados a los sectores más vulnerables.
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