Polémica en Chaco: un juez ordena pagar sueldos a docentes que residen en Santa Cruz para mantenerlos como "ñoquis"

Este martes, la ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, junto al secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, brindaron una conferencia de prensa para explicar la investigación que el Ejecutivo lleva adelante sobre presuntas irregularidades en la Fundación Baldoco, institución que administraba la llamada Escuela del Padre Severiano en Comandancia Frías y un anexo en Vedia.

Según detalló Naidenoff, la causa se inició a partir de una denuncia proveniente del Ministerio de Educación de Santa Cruz, donde se detectaron docentes que aparecían cobrando simultáneamente sueldos en ambas provincias.

“Constatamos que 78 docentes percibían haberes en Santa Cruz y en Chaco al mismo tiempo”, sostuvo la ministra.

La investigación interna fue encabezada por el director de Educación Privada, Gustavo Ereño, quien solicitó documentación contable y administrativa a la fundación, sin recibir respuestas. También se verificó que el responsable institucional, el sacerdote José Molina, ejercía como rector en Chaco mientras residía en Santa Cruz y registraba causas judiciales en esa provincia.

 
Clausura y sospecha de fraude
Ante las irregularidades, el Gobierno chaqueño dispuso la clausura de la institución y el retiro de su reconocimiento según la normativa de educación privada.

“Hablamos de 124 millones de pesos por mes que se pagaban desde el Estado. Es dinero de todos los chaqueños”, insistió Naidenoff.

Sin embargo, una medida cautelar judicial dictada por un juez de Resistencia obliga al Gobierno a continuar pagando los salarios, aun cuando la escuela está cerrada y no hay actividad educativa.

Gutiérrez cuestionó duramente el fallo:

“Se nos ordena pagar a personas que ni siquiera viven en Chaco. De los 99 agentes declarados por la fundación, solo 10 cumplen funciones efectivas”.
 
Situación de menores y denuncia penal
Ereño señaló además que en el anexo de Vedia permanecían 25 menores alojados en un régimen similar a un albergue:

“No había control judicial ni intervención de organismos de protección. Por eso actuó la Unidad de Protección de Infancias”.

El Gobierno provincial ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Nº 2 por presunta defraudación y malversación de fondos públicos.

Gutiérrez añadió que el sacerdote Molina —quien fue candidato a diputado nacional en Santa Cruz— habría evitado la imputación penal amparado en fueros políticos.

“Esto nos da vergüenza”
Naidenoff cerró con un mensaje contundente:

“No podemos permitir un sistema educativo paralelo sin control. Esto me da vergüenza. Vamos a recurrir la medida judicial porque no podemos pagar 130 millones de pesos a personas que no trabajan”.